El gobierno saldará deudas atrasadas de obra pública con bonos y letras del Tesoro por hasta AR$221.100 millones (unos US$145 millones), dos tercios de ellos con vencimiento en 2027, según la Resolución Conjunta 59/2026, publicada el martes en el Boletín Oficial. La firmaron el 2 de octubre las secretarías de Finanzas y de Hacienda.

Alcanza a contratistas con reclamos reconocidos por obras certificadas, materiales acopiados y ajustes de precios desde enero de 2022 hasta diciembre de 2025, además de contratos rescindidos desde 2024. Los reclamos corresponden a proyectos de las secretarías de Obras Públicas y de Transporte, incluidos los financiados por organismos multilaterales de crédito. En agosto el esquema se amplió a los proveedores de Vialidad Nacional, el organismo de rutas nacionales. Para adherir, una empresa debe desistir de sus reclamos administrativos y judiciales por la deuda.

Los bonos son capitalizables, es decir, los intereses se suman al capital y se pagan al vencimiento. Un tercio se entrega en una letra del Tesoro con vencimiento el 30 de octubre de 2026, otro tercio en un bono que vence el 15 de enero de 2027 y el 34% en un bono que vence el 30 de abril de 2027. Su valor nominal suma AR$171.000 millones, y los AR$221.100 millones son el tope una vez contados los intereses devengados a valor de entrega.

El Tesoro no paga nada en efectivo ahora. La operación se imputa a las partidas presupuestarias de “aplicaciones financieras” del Ministerio de Economía, que se usan para operaciones de deuda. Nicolás Gadano, economista de la consultora Empiria, escribió en X que, como los bonos no pagan cupones, su costo de financiamiento no aparece en el resultado fiscal mensual. La deuda no desaparece: se convierte en obligaciones del Tesoro en octubre de 2026 y en 2027.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), calificó el esquema de muy limitante y dijo que reconoce solo una pequeña parte de lo que se les debe a las contratistas, y que deja afuera reajustes de precios pendientes de certificación, cierres de obra y mayor permanencia en obra. Dijo a La Nación que las empresas que vendan los bonos antes de tiempo podrían cobrar menos que la deuda que cancelan, porque se entregan a valor técnico y no a precio de mercado. La alternativa, afirmó, es un juicio, que suele demorar entre cinco y diez años.

Weiss espera que los acuerdos de cancelación se firmen este mes, ya que la primera letra vence el 30 de octubre.