Un consorcio liderado por la constructora Rowing ofreció US$340,2 millones el jueves por el 90% de AySA, la empresa estatal de agua y cloacas, en ofertas selladas que abrió el Ministerio de Economía.

La única oferta rival, de US$285 millones, provino de un grupo encabezado por la firma cordobesa de la familia Roggio y fue un 16% menor. AySA presta el servicio de agua y cloacas a unos 14 millones de personas en el Gran Buenos Aires. La venta no tenía precio mínimo y ambos grupos ya habían superado la revisión técnica, de modo que el precio decide por sí solo al ganador. El ganador tendría una concesión de 30 años, prorrogable por 10 más, con lo que la red de agua volvería a manos privadas por primera vez desde que el Estado la recuperó en 2006.

Para los usuarios, el plan de inversiones y el esquema tarifario quedaron fijados en las reglas de la licitación, de modo que los oferentes compitieron solo por lo que pagarían al Estado. El ganador deberá invertir unos US$2.000 millones en los primeros cinco años y hasta unos US$15.000 millones a lo largo de la concesión, y alcanzar una cobertura del 90% en agua y del 75% en cloacas al final del contrato.

La oferta quedó por debajo de lo que esperaba el gobierno. La Nación situó la estimación del Ministerio de Economía en unos US$450 millones, de modo que la mejor oferta es un 24% menor; otros medios citaron expectativas de hasta US$500 millones.

El grupo ganador reúne a Rowing, fundada por el empresario Walter Román, con Transclor, de Mauricio Filiberti, y con la brasileña Arcos Saneamento, que presta el servicio de agua en Río de Janeiro, además de PHX Aqua, un vehículo de inversión con sede en los Países Bajos. Transclor es desde 2009 el único proveedor del producto químico con el que AySA potabiliza el agua. Filiberti controla además Edenor, la mayor distribuidora eléctrica de la Argentina, junto con Daniel Vila y José Luis Manzano, y AySA es el mayor consumidor de electricidad del área metropolitana.

El gobierno todavía debe formalizar la adjudicación tras un período en el que se puede impugnar el resultado, y luego deben firmarse los contratos. Ya corre un proceso aparte: el ente regulador del agua convocó a una audiencia pública para el 26 de octubre sobre la propuesta de AySA de redefinir los coeficientes zonales que determinan las facturas. Según esa propuesta, alrededor del 60% de los usuarios residenciales, unos 2 millones de hogares, pagarían más, un 22,6% en promedio, mientras que el 20% vería una baja del 14,7% en sus facturas y otro 20% no tendría cambios.