La defensa de Cristina Fernández de Kirchner sumó esta semana una auditoría económica a su petición ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para anular su condena por corrupción y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, antes de las elecciones de 2027 en la Argentina.

Kirchner, dos veces presidenta de la Argentina y luego vicepresidenta, fue condenada en la causa Vialidad, centrada en contratos de obras viales, e inhabilitada para ocupar cargos. Las encuestas sugieren que sigue siendo una de las figuras más gravitantes de la oposición para 2027 pese a la inhabilitación.

La auditoría, encargada por el propio equipo de defensa de Kirchner y no por un tribunal, fue elaborada por el economista brasileño Antonio Correa de Lacerda. Examinó datos de gasto de la Dirección Nacional de Vialidad y concluyó que las empresas vinculadas al Grupo Austral de Lázaro Báez (el contratista en el centro de la causa “Vialidad”) recibieron US$18,66 millones, apenas el 0,85% de más de US$2.000 millones desembolsados a través de la línea de financiamiento en cuestión. Las quince mayores empresas constructoras, según la auditoría, concentraron el 75% de esos recursos.

La presentación sostiene que la Argentina violó ocho disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y cita el artículo 14.5, sobre el derecho a la revisión por un tribunal superior, y el artículo 14.7, al señalar que 49 de los 51 contratos de obra pública en cuestión habían sido sobreseídos o archivados antes en otros procesos.

Carlos Beraldi, de la defensa de Kirchner, sostuvo que la sentencia fue absolutamente injusta y que se condenó a una persona inocente. La defensa argumenta que la causa fue diseñada para terminar con la elegibilidad electoral de Kirchner y no para castigar irregularidades genuinas.

Un pronunciamiento del comité de la ONU a su favor no tendría fuerza legal vinculante en la Argentina. La fiscalía y los tribunales que intervinieron en la causa original no hicieron comentarios sobre la nueva presentación.