Aliados de Cristina Fernández de Kirchner llevaron a las Naciones Unidas su lucha por volver a competir por la presidencia en 2027, con lo que trasladan al terreno internacional una batalla que en gran medida perdió en los tribunales argentinos.
Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución desde que fue condenada en la causa Vialidad, centrada en contratos de obra pública adjudicados durante su presidencia. La condena conlleva la inhabilitación perpetua para ejercer cargos electivos. Con las próximas elecciones presidenciales de la Argentina previstas para 2027, la inhabilitación la dejaría fuera de la boleta salvo algún tipo de reversión judicial o política.
La campaña, organizada bajo la consigna “Cristina Libre”, está explícitamente inspirada en la campaña de presión internacional que ayudó a lograr la liberación de Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, quien volvió a la presidencia después de que sus propias condenas por corrupción fueran anuladas. En lugar de volver a litigar la culpabilidad o la inocencia de Kirchner, su equipo legal presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en la que sostiene que el propio proceso judicial argentino violó, por razones procesales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el tratado de la ONU que supervisa el Comité.
Las decisiones del comité no son vinculantes para los tribunales argentinos y no pueden anular directamente una condena interna. Un pronunciamiento favorable le daría, en cambio, al movimiento de Kirchner el respaldo de un organismo internacional de derechos humanos a su principal reclamo, con lo que ganaría margen para presionar a los tribunales argentinos o a un futuro gobierno para obtener un alivio.
El equipo legal incluye a Carlos Beraldi, con larga trayectoria en la defensa penal argentina, junto a dos figuras internacionales: Rafael Valim, jurista de Brasil que trabajó en el esfuerzo legal que liberó a Lula, y Javier Borrego, quien fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su participación busca darle a la presentación el peso internacional que las apelaciones internas, en buena parte agotadas, ya no tienen.
El aparato político de Kirchner desplegó en paralelo una ofensiva diplomática, con delegaciones que viajaron a Brasil, México, Colombia, Paraguay, Uruguay, Italia, Francia y Bélgica para sostener que el proceso en su contra equivale a la inhabilitación política de una figura opositora destacada y no a la aplicación ordinaria de la ley.
El gobierno de Milei trató la posibilidad de una candidatura de Kirchner con más desdén que alarma. Funcionarios dijeron antes que no la consideran probable en una boleta de 2027 sin importar el proceso en la ONU, y algunos integrantes del gobierno sugirieron en privado que su renovado protagonismo político los favorece, porque mantiene a las facciones internas del peronismo centradas en su figura en lugar de unificarse en torno a un único candidato alternativo.
Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria, alineado con el kirchnerismo, planteó la campaña en términos explícitamente electorales. Dijo que Mauricio Macri y Javier Milei le tienen miedo a Cristina porque saben que puede ganarles a ambos, y argumentó que la inhabilitación existe precisamente porque Kirchner sigue siendo la candidata potencial más fuerte de la oposición. Parrilli dijo que una medida cautelar sobre su elegibilidad para presentarse podría llegar entre octubre de 2026 y marzo de 2027, mientras que una decisión de fondo sobre el caso podría demorar entre un año y medio y dos años, un plazo que se extendería mucho más allá de los comicios del año que viene.



