La oferta del ministro de Economía, Luis Caputo, de pagar la mitad del impuesto de sellos provincial si las provincias renuncian al resto les costaría unos 2 billones de pesos (US$1.300 millones) al año, según datos de 2025 del Ministerio de Economía.
Caputo hizo la oferta el 3 de noviembre en la conferencia anual de la UIA, la principal entidad industrial, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires que adhirieron a los regímenes nacionales de incentivo a la inversión. El gobierno nacional pagaría a las provincias el equivalente a la mitad de la recaudación del impuesto, y ellas renunciarían a la otra mitad. Como el impuesto es provincial, cada una tendría que modificar su propia ley.
Qué es el impuesto
El impuesto de sellos es un gravamen provincial sobre actos y contratos, como ventas de inmuebles y vehículos, alquileres, pagarés y préstamos. Cada provincia y la capital fija sus propias alícuotas, así que lo que pagan hoy compradores, inquilinos y deudores difiere en el país. En 2025 las jurisdicciones que informaron datos completos (La Pampa no lo hizo) recaudaron 3,96 billones de pesos por este concepto, en pesos corrientes. Eso fue el 9,5% de sus ingresos tributarios propios y lo ubicó segundo, detrás del impuesto a los ingresos brutos sobre las ventas de las empresas, según la serie provincial del ministerio.
El pacto fiscal de 2017, la Ley 27.429, en el que las provincias y la capital acordaron con el gobierno nacional reducir gradualmente el impuesto, limitó las alícuotas de la mayoría de los contratos al 0,75% desde 2019 y previó eliminarlo desde 2022, mientras que solo congeló las alícuotas sobre las transferencias de inmuebles y vehículos. El impuesto se sigue cobrando.
Cuánto costaría la oferta
Caputo calculó la recaudación del impuesto en 4 a 5 billones de pesos al año. La serie del ministerio es coherente con eso: el total de 2025 queda apenas por debajo de ese rango, y según nuestro cálculo el de este año rondaría los 5,2 billones de pesos, suponiendo que el segundo semestre siga el patrón del año pasado, ya que lo recaudado en el primer semestre subió cerca de un tercio frente a un año antes.
La mitad de eso es lo que pagaría el gobierno nacional y lo que las provincias resignarían: unos 2 billones de pesos con las cifras de 2025, o 2,6 billones al ritmo de este año.
La pérdida se repartiría de manera despareja. Con las cifras de 2025, la provincia de Buenos Aires resignaría unos 734.000 millones de pesos al año y la Ciudad de Buenos Aires unos 407.000 millones, las sumas más grandes.
Medida contra sus propios ingresos tributarios, la carga es mayor en otras jurisdicciones: la mitad del impuesto de sellos equivale al 7,3% de los ingresos propios de Chubut, la proporción más alta, al 5,8% de los de Córdoba y al 4,1% de los de la capital.
Dos maneras en que podría evolucionar
Si las provincias aceptan, cada legislatura debe modificar su propia ley tributaria y el gobierno nacional empezaría a pagar su mitad. Si rechazan o piden más, el impuesto sigue y el gobierno nacional no paga nada. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dijo en la misma conferencia que, si desaparece el impuesto de sellos, el gobierno nacional también debería reducir el impuesto a los débitos bancarios y los demás impuestos nacionales que no coparticipa con las provincias. En Córdoba el impuesto representa una proporción mayor de sus ingresos tributarios propios que en la provincia de Buenos Aires o en la capital.
También es posible un resultado mixto, porque la oferta apunta a las provincias que adhirieron a los regímenes nacionales de inversión. Caputo dijo que el gobierno presentará la propuesta a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.



