Las universidades públicas de la Argentina son gratuitas, y la pelea por cómo pagarlas se volvió una pelea de aritmética. Las cinco marchas nacionales desde abril de 2024 giraron en torno a quién paga. Las respuestas que circulan miden cosas distintas.
El gobierno dice que cumple la Ley de Financiamiento Universitario. Cita un aumento salarial de 21,33% para el personal universitario y afirma que el dinero enviado a las universidades subió 42,4% en septiembre frente a un año antes.
Una organización de derechos civiles, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, lee el mismo sistema de otra manera. Halló que el gasto por estudiante de enero a septiembre cayó 30,9% descontada la inflación, frente a 2023.
Los sindicatos dicen que el salario perdido debe recuperarse en cerca de un tercio. Los rectores, como se llama a los presidentes de las universidades, piden 11 billones de pesos (unos US$7.200 millones) en el presupuesto 2027, y el proyecto del gobierno prevé 7,3 billones.
Ninguna de estas cifras tiene por qué ser falsa. Miden cosas distintas: una variación interanual, una comparación con 2023, las transferencias totales, el gasto por estudiante. Tal como están, no se pueden comparar entre sí.
Hasta las multitudes se cuentan de dos maneras. En Córdoba, las estimaciones de la policía y de los organizadores diferían en un factor de cuatro, y en Buenos Aires el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires estimó cientos de miles, una cifra propia.
Una cuestión presupuestaria en la Justicia
El Congreso aprobó la ley en agosto de 2025. El presidente Javier Milei la vetó, y las dos cámaras rechazaron el veto con mayorías de dos tercios en septiembre y octubre. Entonces puso la ley en vigencia con un decreto que decía que sus reglas de gasto no podían aplicarse hasta que el Congreso indicara de dónde saldría el dinero.
Un juez federal, Martín Cormick, ordenó al gobierno cumplir la ley en diciembre de 2025, y la Corte Suprema dejó firme la orden en junio. En octubre anuló la condición del decreto y escribió que funcionaba como un nuevo veto, que es también la mirada de las universidades. El gobierno apeló, y un tribunal suspendió las multas que fijó al jefe de Gabinete hasta que se resuelva la cuestión.
Para el gobierno, una ley que gasta dinero necesita una partida en el presupuesto, y solo el Congreso puede decir de dónde sale el dinero. Sus abogados le dijeron al tribunal que aplicar la ley costaría más de 1 billón de pesos. El fallo del juez responde a ese punto: escribió que la propia ley prevé ajustes presupuestarios para pagarla, una lectura que el gobierno discute en la apelación.
Este diario no toma partido sobre quién tiene razón ante la Justicia. Esa cuestión está ante la cámara de apelaciones, y el resto de este editorial vale cualquiera sea su decisión.
El costo se resuelve en el presupuesto
El presupuesto 2027 es el lugar para resolver el costo. Diputados lo está debatiendo, y la distancia entre 7,3 billones de pesos y 11 billones es una cifra que el Congreso puede discutir a la luz del día. Sea cual sea su decisión, debería aclarar qué cubre la partida universitaria y qué deja afuera.
Las dos partes también deberían acordar cómo contar. El Ministerio de Economía, el consejo de rectores y los sindicatos podrían publicar el gasto y los costos sobre una base común, en pesos ajustados por inflación por estudiante por año, con el método a la vista. Así una suba o una baja significaría lo mismo para todos.
El Ministerio de Economía, el consejo de rectores y los sindicatos podrían publicar el gasto y los costos sobre una base común, en pesos ajustados por inflación por estudiante por año, con el método a la vista.
Las dos partes deben cifras
El gobierno dice que la ley costaría más de 1 billón de pesos y que está cumpliendo. Debería publicar cómo llega a esa cifra y cómo se compara su aumento de 42,4% con lo que exige la ley, sobre la misma base que el resto de sus datos de gasto.
Las universidades y los sindicatos necesitan la misma disciplina. Los rectores calcularon el presupuesto 2027 en 11 billones de pesos, unos 8,4 billones de ellos para salarios según sus estimaciones, pero no encontramos un costeo del reclamo salarial de los sindicatos sobre una base comparable a las cifras del gobierno. Los sindicatos y los rectores deberían publicar cómo se reparte el reclamo entre salarios, becas y gastos de funcionamiento, y qué partes aceptarían primero si el dinero llega por etapas. Un plan con costos calculados mostraría qué tan lejos están en realidad las dos posturas.
El punto muerto también significó paros. Los gremios docentes y no docentes hacen paros rotativos desde septiembre, anunciados hasta fines de octubre. Planes con costos y prioridades de cada parte les darían a ambos algo para negociar que no sea toda la ley.
La protesta y sus límites
La protesta pacífica es la forma en que los ciudadanos presionan a su gobierno, y cuatro de las cinco marchas transcurrieron sin incidentes, según los organizadores. La del 15 de octubre no. Algunos manifestantes con el rostro cubierto arrojaron piedras contra el vallado del Congreso, y la policía respondió con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Hubo agentes federales heridos y más de 30 detenidos.
Arrojar piedras a los agentes es inaceptable. También lo es que el gas lacrimógeno llegue a un edificio legislativo y lleve a un legislador a recibir atención médica, si pudo evitarse. Cualquier investigación de los choques debería abarcar por igual a manifestantes y policías, y sus conclusiones deberían publicarse.
Qué mirar
Una comisión de Presupuesto de Diputados vuelve a reunirse el 27 de octubre. El oficialismo quiere firmar su dictamen el 28 de octubre y llevar el proyecto al recinto a mediados de noviembre. Legisladores opositores pidieron que funcionarios de la Secretaría de Educación asistan y expliquen la asignación para las universidades.
Antes de esa votación, el gobierno debería publicar su estimación del costo de la ley, y los rectores la suya, sobre la misma base, para que los diputados sepan qué están votando.
