Choques entre policías y manifestantes pusieron fin a la quinta marcha universitaria federal frente al Congreso el 15 de octubre, con 31 personas detenidas, mientras una cámara de apelaciones frenó las multas al jefe de Gabinete en la causa por el financiamiento universitario.
La marcha fue convocada para presionar al gobierno del presidente Javier Milei a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso mantuvo vigente al rechazar un veto presidencial. La ley ata los salarios universitarios y las becas estudiantiles a la inflación. El gobierno dice que el Congreso nunca aclaró de dónde saldrían los fondos, mientras que las universidades sostienen que la ley lo obliga de todos modos.
Choques frente al Congreso
La marcha fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, dijo que cientos de miles de personas participaron en la capital, en columnas de más de 20 cuadras, y más de un millón en todo el país, según su propia estimación.
Los incidentes comenzaron poco antes de las 16 h, cuando estaba por empezar el acto central. Manifestantes, algunos con el rostro cubierto, rompieron bancos y adoquines cerca del vallado del Congreso y arrojaron piedras y escombros a los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. El gas llegó al anexo de la Cámara de Diputados, al otro lado de la calle, y la diputada Cecilia Moreau necesitó atención médica. El acto terminó alrededor de las 16:40 h.
El Ministerio de Seguridad informó que ocho efectivos federales resultaron heridos (cuatro de Gendarmería, la fuerza de frontera, dos de la Prefectura Naval y dos de la Policía Federal) y que 25 personas fueron detenidas cerca de la estación Constitución. La policía de la Ciudad detuvo a seis más, entre ellos dos menores de 14 y 17 años. El servicio de emergencias médicas de la Ciudad, el SAME, atendió a dos manifestantes. La policía de la Ciudad estimó de manera preliminar los daños a la plaza y sus alrededores en AR$90 millones (unos US$60.000).
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, escribió en X que "el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia", y el ministerio anunció una denuncia penal por resistencia a la autoridad, atentado contra el orden constitucional y daño agravado. Funcionarios del gobierno describieron la marcha como un acto opositor que se politizó demasiado.
Los organizadores rechazaron esa lectura. En un comunicado conjunto, el CIN, la FUA y el frente sindical condenaron enérgicamente la represión y la violencia que obligaron a terminar antes de tiempo el acto central, y señalaron que cuatro marchas nacionales anteriores transcurrieron sin incidentes. Yacobitti dijo que los violentos eran una minoría que la policía debería poder identificar, y agregó que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente.
Multas suspendidas
El mismo día, la Sala III de la cámara de apelaciones en lo contencioso administrativo federal suspendió provisoriamente las multas diarias que el juez Martín Cormick impuso al jefe de Gabinete, Diego Santilli, el miércoles. Cormick las había fijado en AR$100.000 por día (unos US$66) por incumplir una medida cautelar, confirmada por la Corte Suprema en junio, que ordena al gobierno aumentar los salarios universitarios y las becas según la ley.
El tribunal hizo lugar a un pedido del Ministerio de Capital Humano, que sostuvo que había cumplido y citó un aumento salarial del 21,33% sobre los sueldos de mayo y una oferta del 3% en la última negociación salarial trimestral. Las multas quedan en suspenso hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Los tres jueces escribieron que su resolución no prejuzga si el gobierno cumplió la medida cautelar.
Cormick resolvió por separado el 6 de octubre que la cláusula del Decreto 759/2025 usada para frenar la aplicación de la ley es inconstitucional, y el gobierno apeló. Esa apelación está ahora ante la misma cámara.
