Un juez federal multó el miércoles con AR$100.000 por día (unos US$65 al tipo de cambio oficial) al jefe de Gabinete de la Argentina, Diego Santilli, por no acatar la orden de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, un día antes de la quinta marcha universitaria nacional.

El juez Martín Cormick, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 de Buenos Aires, escribió que dio por verificado el incumplimiento de la medida cautelar, que obliga al gobierno a actualizar los salarios de docentes y personal no docente de las universidades y los fondos para becas estudiantiles. Con la multa hizo efectivo el apercibimiento que había dictado el 30 de septiembre, después de que vencieran dos plazos de cinco días.

La suma es pequeña, pero recae sobre un funcionario con nombre y apellido y no sobre el Estado en general. Cormick fundó esa decisión en la Constitución, que hace al jefe de Gabinete responsable de la administración general del país, y en la ley de presupuesto 2026, que faculta a ese cargo a mover fondos entre partidas presupuestarias. Fijó el monto en una primera etapa y dijo que tanto la cifra como los funcionarios alcanzados pueden cambiar.

Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo de rectores universitarios que promovió la causa, valoró que el juez no solo fijara una multa diaria sino que lo hiciera responsabilizando a una autoridad concreta y no al Estado en abstracto.

El gobierno sostiene que cumple. Informó al juzgado que aumentó los salarios universitarios 226,80% desde diciembre de 2023, por encima del 226,40% que, según afirma, correspondía hasta agosto de 2025, y ofreció un 3% más para septiembre. También argumenta que la medida cautelar no dice cuánto debe pagar. El sistema universitario estima que la aplicación plena de la ley implica un aumento de alrededor de 33%.

Cormick concedió el recurso de apelación del gobierno contra su fallo del 6 de octubre, que describimos en nuestra nota anterior sobre el fallo del decreto, que declaró inconstitucional la cláusula del decreto que congelaba la ley, y elevó la causa a la cámara federal de apelaciones. La medida cautelar sigue vigente. El Cronista informó que el gobierno también apelará la multa.

Por separado, Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, presentó el miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py una denuncia penal contra Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en la que alega desobediencia a una orden judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Una denuncia no es una imputación; es el fiscal quien decide si abre una investigación.

Gremios docentes, federaciones estudiantiles y el CIN marcharán al Congreso el jueves 15 de octubre. La columna de la Universidad de Buenos Aires se concentra en Plaza Houssay a las 13 y parte una hora después, y el acto central en la Plaza del Congreso está previsto para las 16. El proyecto de presupuesto 2027 del gobierno destina AR$7,3 billones (US$4.800 millones) a las universidades, y los rectores piden AR$11 billones (US$7.200 millones).