Un juez federal resolvió el martes que el gobierno de Milei debe aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, y anuló la cláusula del decreto con la que la mantenía suspendida. Funcionarios del gobierno dicen que apelarán.

El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 de Buenos Aires, declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a que el Congreso identificara una fuente de financiamiento y la incorporara al presupuesto. Ordenó al Poder Ejecutivo dictar las reglamentaciones necesarias para financiar los salarios universitarios, las becas y los gastos de funcionamiento. Las demandas fueron presentadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades, y por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Cormick escribió que suspender una ley que el Congreso había vuelto a aprobar por dos tercios tras un veto era un mecanismo extraconstitucional que funcionaba como un veto que la Constitución no prevé. Sostuvo que la propia ley permite al jefe de Gabinete reasignar partidas presupuestarias para financiarla.

Los abogados del gobierno informaron al juzgado que aplicar la ley costaría más de AR$1 billón (unos US$660 millones a la cotización oficial del Banco Central), más del 90% de los créditos presupuestarios disponibles del Estado. El sistema universitario estima que la ley implica una recuperación salarial de alrededor del 33%.

Funcionarios cercanos a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dijeron que el gobierno apelará en los próximos días y que no se reunirá con las universidades. La Procuración del Tesoro prepara el escrito, con el argumento de que solo el Congreso puede decidir de dónde sale el dinero. La apelación irá a la cámara federal de apelaciones en lo contencioso administrativo, que en marzo confirmó la medida cautelar anterior de Cormick en la misma causa, antes de que la Corte Suprema la dejara firme en junio.

El proyecto de presupuesto 2027 del gobierno reserva unos AR$7,3 billones (unos US$4.800 millones) para el funcionamiento de las universidades nacionales; los rectores dicen que la ley exige AR$11 billones (unos US$7.200 millones). Universidades, gremios docentes y estudiantes marcharán al Congreso el jueves 15 de octubre a las 13:30, la quinta marcha universitaria federal desde que Milei asumió.