El tribunal del Derecho del Mar en Hamburgo escuchó a la Argentina y al gobierno del Reino Unido el 10 y el 11 de noviembre sobre el pedido argentino de frenar Sea Lion, un proyecto petrolero al norte de las Malvinas (Falkland Islands). El juez Maurice Kamga, presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, dijo al cierre que su orden está fijada tentativamente para leerse el sábado 28 de noviembre, a las 12.
Una orden obligaría a ambos países en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero no decidiría de quién son las islas: es una medida provisional hasta que un panel arbitral distinto, que todavía se está formando, trate el fondo del caso.
El pedido original de la Argentina, presentado el 13 de octubre, solicitaba cuatro órdenes. Su presentación final del 11 de noviembre acotó la primera: el Reino Unido debe asegurar que no haya nuevas perforaciones de explotación ni instalación de infraestructura de producción en Sea Lion. También pide a los jueces que prohíban a Londres usar los datos de exploración contra los derechos de la Argentina, que le impidan obstaculizar que la Argentina proteja el medio ambiente marino y que eviten pasos que agraven la disputa, como nuevos permisos.
El agente de la Argentina, Mario Oyarzábal, asesor legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo a los jueces que "lo que está en juego no puede ser restituido", porque el petróleo, una vez extraído, no se puede devolver. El abogado Nico Schrijver dijo que la perforación empezará dentro de unos meses, antes de que el panel arbitral pueda actuar, y que si no es ahora, no será nunca. El abogado Marcelo Kohen sostuvo que el tribunal puede decidir sobre medidas provisionales sin resolver la soberanía.
La delegación del Reino Unido, encabezada por la fiscal general Ellie Reeves, la principal asesora legal del gobierno, pidió a los jueces que rechacen todos los pedidos. Gran Bretaña aceptó que tribunales resuelvan disputas sobre el derecho del mar pero no sobre cuestiones de soberanía de sus territorios, dijo Reeves, y el reclamo de la Argentina se basa en la soberanía. Según Reeves, lo que la Argentina rechaza en realidad es que el Gobierno de las Islas Falkland autorice actividades de hidrocarburos en beneficio económico de los isleños de las Falkland.
Sobre la urgencia, el Reino Unido dijo al tribunal que la perforación no empezará antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción no comenzará antes de marzo de 2028. Los abogados de Londres dijeron que suspender el proyecto haría que colapse, y citaron una evaluación incluida en una declaración de Jack Ford, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas en Stanley, según la cual sumará más de 8.000 millones de libras esterlinas a la economía de las islas durante su vida útil. Los abogados también dijeron que Rockhopper perdería más de US$1.000 millones que ha invertido.
Reeves dijo al tribunal que el Reino Unido nombró a su miembro del panel arbitral el 22 de octubre y que las dos partes se reúnen para elegir a los otros tres. Una vez formado, ese panel puede mantener, modificar o dejar sin efecto cualquier orden que dicte el tribunal de Hamburgo.



