Pocas causas unen tanto a los argentinos como Malvinas. Gobiernos de todos los signos políticos sostuvieron el reclamo desde que el Reino Unido tomó el control de las islas en 1833, y este septiembre el actual lo puso en el centro de su política exterior.
El reclamo tiene más respaldo que el sentimiento. La Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, de 1965, pide a la Argentina y al Reino Unido que negocien, y la Resolución 31/49, de 1976, les pide a ambos que eviten cambios unilaterales mientras la disputa siga abierta. El argumento argentino es que perforar en busca de petróleo en aguas que ambas partes disputan es justamente un cambio de ese tipo. La respuesta británica, según la cual la soberanía no está en discusión salvo que los aproximadamente 3.500 isleños quieran que lo esté, deja sin respuesta el pedido de negociar. Una disputa en la que una de las partes se niega a hablar es una disputa que vuelve una y otra vez, cada vez más dura.
La respuesta británica también tiene peso, y el planteo argentino es más sólido cuando se hace cargo de ella. Los isleños no son una nota al pie: en el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes eligió seguir siendo un territorio británico de ultramar. La propia Constitución argentina acompaña el reclamo con el compromiso de respetar el modo de vida de los habitantes de las islas. El discurso que dio el presidente el 3 de septiembre adoptó una línea más dura: afirmó que los isleños no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación. La posición argentina convence más cuando les habla a los isleños que cuando los descarta, y un acuerdo que se gane su confianza es el único que podría durar.
Las medidas más creíbles del gobierno en el último mes son las que siguen la vía jurídica. El 28 de septiembre inició un arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El 13 de octubre le pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, medidas provisionales sobre el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las islas. El Reino Unido dice que impugnará la competencia del tribunal, y los jueces tendrán que resolver eso primero. Sea como sea, la Argentina presentó su argumento ante jueces independientes, mantuvo abierta la invitación al diálogo bilateral y le dio a Londres la oportunidad de defender su posición a la vista de todos. Así es como un reclamo pasa a ser algo más que una declaración.
La presión sobre las empresas es un instrumento más débil. La Argentina envió unas 180 advertencias, incluyó a 60 empresas y personas en su lista de sanciones y presentó denuncias penales contra ejecutivos, y Halliburton, SLB y Baker Hughes se alejaron del trabajo petrolero en Malvinas. Aun así, según quien está a cargo de los territorios de ultramar en el gobierno británico, ninguno de los expedientes administrativos había derivado en una sanción hasta septiembre, y el operador del proyecto dice que está reemplazando contratistas y que todavía prevé obtener el primer petróleo en 2028. Un proyecto de ley de soberanía que está en comisión permitiría penas de hasta 20 años de prisión por exploraciones no autorizadas en aguas que la Argentina reclama. Leyes así son fáciles de aprobar y difíciles de aplicar a empresas del exterior, y corren el riesgo de convertir un planteo jurídico en una pelea con los inversores que la Argentina también busca atraer.
Un reclamo que sostiene todo el país se defiende mejor con una política que todo el país pueda respaldar. Una encuesta realizada días después del discurso del presidente encontró que seis de cada diez argentinos creen que la línea más dura responde a la conveniencia política y no a una convicción. El Congreso es el lugar para despejar esa duda: hay que debatir el proyecto a la vista de todos, con la oposición en la mesa, y no mientras toma forma la campaña de 2027.
Nada de esto le pide a la Argentina que renuncie a algo. Le pide que defienda su reclamo donde es más fuerte: en los tribunales, en la ONU y en una mesa a la que Londres hasta ahora se negó a sentarse, con un país unido detrás del esfuerzo. La Argentina dijo que está dispuesta a conversar. El próximo paso le corresponde al Reino Unido, y cuanto más se atenga la Argentina al derecho, más difícil le resultará a Londres seguir negándose.
