La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que Milei envió al Congreso (en inglés) para endurecer la campaña de la Argentina contra las empresas que operan cerca de Malvinas fue girada a tres comisiones de la Cámara de Diputados, todas presididas por la coalición gobernante. Legisladores de la oposición ya intentan reformularla.
El proyecto, que el gobierno presentó el 17 de septiembre, fue girado a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, presididas respectivamente por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán. Las comisiones tendrán que compatibilizar el debate con el presupuesto 2027 (en inglés), que la Cámara tiene previsto tratar a principios de octubre.
El texto de 133 artículos va mucho más allá de las islas. Impondría penas de prisión de hasta 20 años por la exploración no autorizada de recursos no renovables en aguas que la Argentina reclama, multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, cancelación de licencias e inhabilitaciones de 5 a 20 años, y permitiría juicios en ausencia. También crearía un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe de Estado, sumaría un delito que castiga con 5 a 12 años de prisión lo que el proyecto describe como campañas coordinadas de desinformación financiadas por Estados extranjeros, restringiría el financiamiento de campañas por parte de extranjeros no residentes y derogaría la Ley 26.659, la norma vigente que sanciona la actividad hidrocarburífera no autorizada alrededor de las islas.
Esa amplitud recibe críticas. Agustín Rossi, de Unión por la Patria, se preguntó qué tiene que ver todo eso con Malvinas, al señalar las restricciones del proyecto a la participación de extranjeros en las elecciones argentinas. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que el proyecto deroga por completo la Ley 26.659, que protege los recursos argentinos, y puso en duda si la reescritura podría equivaler a una amnistía encubierta para empresas que la Argentina ya sancionó. Hasta ahora, el gobierno sumó decenas de empresas y personas (en inglés) a su lista de sanciones bajo el marco actual.
La Justicia también se movió: un juez federal de Tierra del Fuego ordenó la semana pasada detener el proyecto petrolero Sea Lion cerca de las islas.
En el Senado, la presión apunta a que el Congreso reclame un rol permanente propio. La senadora Carolina Moisés, de Convicción Federal, pidió el tratamiento inmediato en el recinto de un proyecto que crea una comisión bicameral permanente sobre Malvinas y el Atlántico Sur. Según dijo Moisés, lo que Convicción Federal quiere es garantizar la participación que debe tener el Poder Legislativo. El bloque oficialista evitó una votación en el recinto al acordar enviar las propuestas a comisión.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, presididas por Agustín Coto y Francisco Paoltroni, tenían previsto reunirse en forma conjunta el miércoles por la tarde para comenzar a debatir el proyecto de Moisés junto con dos propuestas del exgobernador del Chaco Jorge Capitanich, una de las cuales crearía una comisión para monitorear y fijar la estrategia sobre Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur.