La Argentina sumó el 8 de septiembre otras 15 empresas y personas a su lista de sanciones petroleras por Malvinas, con lo que el total sometido a procedimientos sancionatorios asciende a 60, cuatro días después de que se nombraran las primeras 45.
La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía.
La Cancillería abrió los procedimientos originales el 4 de septiembre, después de que un decreto presidencial de esa misma semana designara al ministerio como la autoridad a cargo de aplicar una ley de 2011 que sanciona la exploración y la producción de hidrocarburos no autorizadas en la plataforma continental argentina, incluidas las aguas en torno a Malvinas. Un decreto distinto, emitido la misma semana, aumentó el presupuesto de Defensa. El gobierno no publicó los 15 nombres agregados el 8 de septiembre y describió la incorporación solo como una ampliación de la lista original.
Las primeras 45 partes se concentraron en el proyecto petrolero marino Sea Lion y los inversores que lo respaldan. Las dos mayores son Navitas Petroleum, la empresa israelí que tiene el 65% de Sea Lion, y Rockhopper Exploration, la empresa que cotiza en el Reino Unido y tiene el 35% restante. La lista alcanzó también a algunos de sus financistas, entre ellos la administradora de activos Vanguard.
Según la ley de 2011 y una modificación de 2013 que la endureció, las empresas sancionadas se exponen a prohibiciones de operar de cinco a 20 años, a la reversión al Estado argentino de cualquier concesión, a la exclusión de los contratos con el gobierno y a la pérdida de beneficios impositivos. La ley prevé además penas de prisión de cinco a 15 años y multas calculadas según el volumen de hidrocarburos involucrado, para actividades que se determine que violan la soberanía argentina sobre la plataforma continental en disputa.
La Argentina nunca reconoció la autoridad británica para otorgar licencias de exploración petrolera en torno a las islas y viene tratando a Sea Lion, que no se espera que empiece a producir hasta alrededor de 2028, como el caso testigo más claro para hacer valer esa posición mediante sanciones y no solo por la vía diplomática.
Hasta el 9 de septiembre, ni el gobierno del Reino Unido, ni Navitas, ni Rockhopper, ni ninguna otra de las partes nombradas había respondido públicamente a la lista ampliada.