La Argentina lleva por primera vez su reclamo de soberanía sobre Malvinas a la justicia penal, con una denuncia contra las empresas que desarrollan el campo petrolero costa afuera Sea Lion y no contra el gobierno británico.

El canciller Pablo Quirno presentará una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. La Argentina sostiene que la denuncia también puede abarcar a directores, gerentes, representantes y otras personas que, según considera, participaron en la conducta investigada.

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La defensa de la soberanía debe ejercerse mediante todas las herramientas jurídicas e institucionales que el Estado Nacional tiene a su alcance.

Buenos Aires afirma que varias de las empresas tienen licencias otorgadas por el Reino Unido para la exploración o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La Argentina sostiene que esas licencias violan la Ley 26.659, que restringe la actividad hidrocarburífera en áreas que Buenos Aires considera sujetas a su reclamo de soberanía.

Sea Lion se encuentra al norte de las islas y lo desarrollan Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Su escala potencial convirtió a los hidrocarburos costa afuera en el tema económico de mayores consecuencias en la disputa de soberanía. Si la producción avanza, a ninguna de las partes le resultará fácil tratar como meramente simbólico el control de los recursos de la zona.

La Argentina ya abrió procedimientos administrativos sancionatorios contra 45 personas y empresas que el gobierno vincula con actividad hidrocarburífera no autorizada. La denuncia penal del lunes apunta de manera más directa a las empresas que están en el centro del proyecto petrolero.

El presidente Javier Milei también vincula la campaña por la soberanía con la infraestructura militar y marítima. Le indicó al ministro de Economía, Luis Caputo, que priorice la Base Naval Integrada de Ushuaia, junto con otros proyectos estratégicos, al preparar el presupuesto nacional de 2027, que debe llegar al Congreso el 15 de septiembre.

Ushuaia es una de las principales puertas de entrada de la Argentina a la Antártida y una base para la actividad naval en el extremo sur. Un complejo naval y logístico con más capacidad podría respaldar la vigilancia marítima, las operaciones antárticas y otras actividades del Estado en aguas cada vez más importantes para la pesca, el transporte marítimo y la política energética.

Milei puso a Malvinas en el centro de su mensaje de política exterior desde su cadena nacional del 3 de septiembre, mientras que los recientes comentarios del presidente Trump generaron dudas sobre si podría cambiar el enfoque tradicional de Washington sobre la disputa. No hubo un cambio formal en la política de EE. UU.

Gran Bretaña sigue administrando las islas y rechaza el reclamo de soberanía de la Argentina. El gobierno británico también sostiene que los isleños tienen derecho a determinar su futuro político, mientras que la Argentina insiste en que la disputa debe resolverse mediante negociaciones entre los dos Estados.

Para las empresas involucradas, la disputa tiene ahora una consecuencia legal concreta en la Argentina: una empresa puede operar en Malvinas con licencias que considera válidas y, aun así, enfrentar procesos en la Argentina basados en una afirmación distinta de autoridad territorial.

Nada de lo anunciado el lunes es una medida militar contra las islas. La estrategia pasa por el derecho penal, la aplicación administrativa de sanciones, la legislación, la diplomacia y la inversión en infraestructura del sur.

Se espera que el Congreso reciba en los próximos días el proyecto de ley de soberanía y las propuestas del presupuesto 2027.