Milei enviará esta semana a la Cámara de Diputados una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con la que su campaña contra las empresas extranjeras en aguas de Malvinas pasa de los decretos y las listas de sanciones a una ley con sanciones penales.

Milei reunió a su gabinete el lunes por la mañana para ultimar el contenido del proyecto y por la tarde se reunió con legisladores del oficialismo a fin de planificar cómo hacerlo avanzar en el Congreso. El canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo encabezaron antes intensas sesiones de redacción durante el fin de semana, según medios argentinos que siguieron el proceso.

La medida se apoya en la Ley Solanas de 2011, que por primera vez prohibió la actividad hidrocarburífera vinculada a las islas sin autorización argentina, y extiende restricciones similares a las operaciones de pesca en la plataforma continental del país. Las empresas que sean halladas en infracción quedarían inhabilitadas para operar en la Argentina, enfrentarían el decomiso de sus buques o capturas, y la responsabilidad penal y financiera se extendería más allá de la empresa operadora a sus subsidiarias, accionistas y proveedores logísticos. Las firmas que infrinjan la ley también quedarían excluidas de los contratos con el Estado.

En materia de aplicación, el proyecto introduce juicios en ausencia para los ejecutivos que no comparezcan ante la Justicia argentina, un mecanismo reservado hasta ahora principalmente a casos de terrorismo y delitos de lesa humanidad. También autorizaría a la Argentina a calificar de “hostiles” a los buques que trabajen con operadores no autorizados cuando ingresen en la zona marítima de 200 millas náuticas del país, una postura jurídica más dura que el enfoque de listas de sanciones que el gobierno utilizó hasta ahora.

Las empresas que abandonen voluntariamente trabajos petroleros o pesqueros no autorizados cerca de las islas podrían acceder a un alivio de las sanciones, un incentivo pensado para acelerar un repliegue que ya está en marcha entre las empresas de servicios petroleros que decidieron priorizar su trabajo en Vaca Muerta.

Otra pieza institucional del paquete crearía un Consejo de Seguridad Nacional que reuniría a los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía con el organismo de inteligencia de la Argentina, la SIDE, para coordinar la respuesta del gobierno a lo que considera amenazas en el Atlántico Sur.

La propuesta no está exenta de críticas. Legisladores de la oposición sostienen que el gobierno debería concentrarse en aplicar el régimen de sanciones que ya tiene en lugar de redactar una ley nueva, mientras que legisladores peronistas manifestaron su preocupación de que el nuevo consejo de seguridad pueda convertirse en un vehículo para ampliar el acceso a los fondos reservados de inteligencia de la SIDE. Tampoco está resuelto dentro del gobierno si las disposiciones de soberanía y el consejo de seguridad avanzarán en un solo proyecto o en dos.

La Argentina ya amplió su lista de sanciones de 45 a 60 empresas y personas, consiguió nuevos fondos para reactivar el proyecto paralizado de la base naval de Ushuaia y vio cómo Milei canceló un viaje previsto a Londres mientras el gobierno británico prometía ser “implacable” en la defensa de las islas. El asesor presidencial Santiago Caputo citó encuestas que muestran un 81,3% de aprobación pública a la postura endurecida del gobierno, y la calificó, a su entender, como la disputa de política exterior más importante que tendrá la Argentina en décadas.

La coalición oficialista de la Argentina no controla la mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso, por lo que el proyecto necesitará votos de la oposición, en un Poder Legislativo que al mismo tiempo evaluará el presupuesto 2027 que el equipo económico presenta esta semana. Se espera que el debate en el Congreso se extienda desde fines de septiembre hasta principios de octubre.