La Argentina aseguró más de AR$300.000 millones (unos US$200 millones) para reactivar la Base Naval Integrada de Ushuaia, estancada desde hace tiempo, informaron esta semana los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores. El ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno recorrieron el predio en Tierra del Fuego el 11 de septiembre, acompañados por la cúpula de la Armada y por legisladores provinciales.

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Junto al ministro de Defensa, @TGCarlosPresti, visitamos el predio en el que se construirá la Base Naval Integrada en Ushuaia, el punto más austral de la Nación. Recorrimos con expertos de las Fuerzas Armadas el predio y analizamos los desafíos logísticos que implica un proyecto…

El proyecto estuvo mayormente inactivo desde que se iniciaron las obras en 2022, y durante mucho tiempo simbolizó la brecha entre la retórica argentina sobre su frontera más austral y la inversión real del Estado en ella. Cuatro años después de que se colocara la piedra fundamental durante el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández, el predio sigue siendo una única losa de hormigón de 2.500 metros cuadrados en un terreno de 38 hectáreas sin acceso público, según la cobertura de la visita, con un avance de alrededor de 9% según el propio cálculo del gobierno.

Del total, AR$217.954 millones (US$144 millones) para 2026 ya están disponibles para el Ministerio de Defensa en virtud del Decreto 867, dijeron los funcionarios, y se solicitarán más de AR$300.000 millones (US$198 millones) de financiamiento adicional en el presupuesto 2027 que Milei presentará al Congreso el 15 de septiembre. Se espera que la construcción comience en enero de 2027 y dure unos 30 meses, con la meta del gobierno de terminarla a fines de 2029.

El plan abarca seis etapas: extender el muelle hasta 585 metros una vez terminados los primeros 240; campamentos de obra temporarios para sostener la construcción durante los duros inviernos de la región; un edificio de servicios marítimos; todos los servicios del predio, incluidos agua, energía, gas e internet; edificios de logística antártica para almacenamiento, refrigeración, talleres y combustible; y, por último, el traslado de la actual base naval al nuevo predio a partir de 2028, con viviendas para el personal militar a continuación, en 2029.

Presti dijo durante la visita que hay una decisión presidencial, que hay un decreto y que por primera vez en cuarenta años se cuenta con los recursos, y presentó el financiamiento como una ruptura con décadas en las que la base se anunció pero nunca se construyó. Quirno subrayó que la base es cien por ciento argentina y que se financiará íntegramente con recursos propios, y vinculó explícitamente la base con lo que describió como la estrategia de soberanía del gobierno sobre Malvinas, al tiempo que sugirió que con el tiempo podría ofrecer apoyo logístico a las expediciones antárticas de otros países.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, opositor político de Milei, participó de parte de la visita y manifestó su disposición a colaborar en el proyecto. La comitiva incluyó además a Marcelo Dalle Nogare, representante del Estado Mayor Conjunto, al comandante de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, y a cuatro legisladores nacionales de la provincia.

Los funcionarios también confirmaron AR$120.000 millones (US$79 millones) redirigidos a la agencia espacial argentina, la CONAE, para infraestructura satelital y de vigilancia espacial que cubra el Atlántico Sur. El gasto se produce tras el reciente mensaje en cadena nacional de Milei sobre la disputa por Malvinas y un decreto que ordena a todos los organismos estatales alinear sus gestiones externas con el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las islas.

Vecinos y analistas locales de Ushuaia vieron ir y venir anuncios similares desde 2022 con poco para mostrar en el terreno. Para una ciudad cuya economía se apoya cada vez más en su papel como puerta de entrada de la Argentina a la Antártida, una base naval completamente construida significaría empleos e infraestructura reales.

Los fondos adicionales de 2027 todavía necesitan la aprobación del Congreso, en medio de tensas negociaciones presupuestarias con los gobernadores, y la construcción debe comenzar en enero.