El gobierno argentino publicó el viernes un decreto que obliga a todos los organismos públicos nacionales a canalizar sus tratos con gobiernos extranjeros y organismos internacionales a través de la Cancillería, con lo que los subordina formalmente a la campaña por la soberanía sobre las Malvinas.
El Decreto 983/2026 crea lo que el gobierno denomina Sistema de Articulación de la Política Exterior, un sistema de coordinación de política exterior que funciona desde el ministerio a cargo del canciller Pablo Quirno. Todo organismo estatal que planee una reunión, negociación o acuerdo con un gobierno extranjero o un organismo multilateral deberá designar primero un enlace oficial ante el ministerio e informar sobre toda actividad que pueda afectar las negociaciones o los intereses diplomáticos de la Argentina. El ministerio podrá entonces emitir lo que el decreto llama advertencias, recomendaciones u orientaciones fundadas si considera que los tratos de un organismo corren el riesgo de socavar los objetivos de política del gobierno, incluidas, de manera explícita, las acciones realizadas para recuperar el pleno ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Quedan excluidos de la supervisión los tratos financieros con organismos multilaterales de crédito como el FMI o el Banco Mundial.
Quirno presentó la medida como una respuesta al riesgo de que funcionarios u organismos argentinos trabajen, sin proponérselo, en contradicción con la campaña por la soberanía. Dijo que la estrategia del gobierno combina sanciones, diplomacia y el fortalecimiento de la capacidad logística, e insistió en que nadie actúa por cuenta propia. El propio decreto invoca la Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional, que describe la recuperación de las islas como un objetivo nacional “permanente e irrenunciable”.
La medida llega tras semanas en las que el gobierno de Milei escaló su campaña contra las empresas que hacen negocios vinculados con las islas, con sanciones contra más de 60 firmas y presiones que ya llevaron a gigantes de servicios petroleros como Halliburton, SLB y Baker Hughes a alejarse de los trabajos de perforación en torno a las Malvinas. Centralizar la manera en que cada ministerio y organismo trata con sus pares extranjeros le da al despacho de Quirno una herramienta formal de control sobre ese esfuerzo, de modo de asegurar, por ejemplo, que una delegación comercial o un contacto regulatorio no legitime sin querer la administración británica de las islas ni contradiga la campaña de sanciones.
El decreto se publicó un día antes de que el presidente Trump, en declaraciones en Dublín, dijera que creía poder “zanjar” personalmente un posible conflicto por las islas.
