Washington presiona a la Argentina para que las empresas estadounidenses queden fuera del alcance de su proyecto de sanciones por Malvinas, informó Clarín el 17 de octubre, mientras el partido del presidente Javier Milei reelabora el texto.
Según Clarín, el gobierno de Estados Unidos planteó el tema al gobierno de Milei en contactos de alto nivel. Funcionarios en Washington, a quienes el diario no identificó, dijeron: "Vemos que la ley va a afectar a empresas de Estados Unidos, estamos en contacto con ellas y han recibido notificaciones. Nuestro interés es que no sean afectadas". Algunos advirtieron que "eso puede crear una barrera para el mercado en materia comercial e inversiones".
La preocupación es el alcance del proyecto. Sus penas se extenderían a las firmas que operan en torno a las islas, sus subsidiarias, intermediarios financieros, accionistas y proveedores, de modo que un fondo de inversión de Nueva York con acciones en una empresa activa en el Atlántico Sur podría enfrentar multas multimillonarias, según el ejemplo de Clarín. Varias empresas de origen estadounidense también enviaron a la Cámara de Diputados un documento en el que califican el texto de demasiado vago y piden una definición más acotada de quiénes pueden ser sancionados, informó La Nación.
Washington le planteó dos opciones al gobierno, según la nota: congelar el proyecto para que nunca se convierta en ley, que es lo que prefiere, o modificarlo para eximir a las empresas estadounidenses, lo que tendría un costo político para un gobierno que hizo de Malvinas una causa central. El tema dividió al gabinete entre quienes quieren cambiar el texto ahora para enviar un mensaje al presidente Donald Trump y quienes advierten sobre el costo de cambiarlo. El vicesecretario de Estado, Christopher Landau, y Juan Pablo Segura, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, llegarán a Buenos Aires en los próximos días, y según la nota es probable que el proyecto esté en su agenda.
El proyecto pasó por cuatro reuniones conjuntas de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal de la Cámara de Diputados sin dictamen, el texto firmado que debe existir antes de que el cuerpo pueda votar. El partido de Milei quería firmarlo la semana pasada, pero los fallos de la Corte Suprema sobre la venta de tierras a extranjeros y el intento fallido de la oposición de derogar el decreto de desregulación de Milei lo demoraron. Ahora el partido acepta cambios para sumar a sus aliados.
El más discutido es el artículo 111, que fija penas de prisión de 5 a 12 años para campañas coordinadas de desinformación, realizadas por cuenta de un Estado o grupo extranjero, que busquen interferir en elecciones. El PRO, de centroderecha, y la Unión Cívica Radical dicen que lo rechazan tal como está redactado, y las organizaciones de periodistas ADEPA y FOPEA advirtieron sobre sus efectos en la libertad de expresión. El partido de Milei se comprometió a reformularlo. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, dijo que el texto sumará una comisión conjunta de senadores y diputados para supervisar el nuevo consejo de seguridad, y que cambiarán los artículos que permiten al Estado auditar o tomar el control de infraestructura crítica.
La oposición peronista quiere dividir el proyecto y dijo que podría apoyar los primeros 40 artículos, que endurecen las penas por explotar recursos en torno a las islas sin permiso. El partido de Milei rechaza la división.
Londres ya respondió con medidas propias. El 13 de octubre, el gobierno británico informó que el secretario de Comercio, Jonathan Reynolds, presentará normas bajo su legislación de Protección de Intereses Comerciales, que impide a las empresas británicas cumplir con determinadas sanciones extranjeras, y dijo que el gobierno "actuará cuando la Argentina busque impedir la actividad comercial legítima del Reino Unido". Londres apunta a ponerlas en vigencia antes de que termine 2026 y sostiene que no restringen el comercio legal con la Argentina. El anuncio coincidió con el pedido de la Argentina al tribunal internacional del Derecho del Mar para que frene Sea Lion.
El proyecto no figuraba en el temario de la sesión del 21 de octubre tal como se la convocó en un primer momento. El partido de Milei apunta a firmar el dictamen el martes 20 de octubre y llevar el proyecto al recinto al día siguiente, junto con proyectos sobre discapacidad y deuda de los hogares. Aun así, tendría que pasar por el Senado.
