El presidente Javier Milei se reunió con el vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, en la Casa Rosada, el palacio presidencial, el viernes, un día después de que Landau dijera que Washington está atento a cómo el proyecto de sanciones por Malvinas de la Argentina podría afectar a empresas estadounidenses.

La reunión duró unas dos horas, y la seguridad regional y la lucha contra el terrorismo también estuvieron en la agenda. Asistieron el canciller Pablo Quirno, el embajador de EE. UU., Peter Lamelas, y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford.

La preocupación de Washington, que el embajador Lamelas ya había planteado a funcionarios argentinos, es que el proyecto alcanza más allá de las empresas que perforan frente a las islas. Su primer borrador también penaliza a subsidiarias, accionistas, intermediarios financieros y proveedores.

En una conferencia de prensa el jueves en el Palacio San Martín, la cancillería, Landau dijo que Washington mira los intereses de las empresas estadounidenses, lo calificó de natural para cualquier país y subrayó que EE. UU. respeta el proceso legislativo argentino. Quirno respondió que la ley no apunta a ninguna empresa en particular y dijo que esperaba que las empresas eligieran la Argentina continental en lugar de lo que llamó licencias ilegítimas en las islas.

Desde entonces, el gobierno prometió cambios al texto a sus aliados en el Congreso y a la Cámara de Comercio de EE. UU. en la Argentina. Las sanciones se limitarían a operadores directos, titulares de licencias, proveedores y accionistas directos de proyectos en territorio argentino, lo que dejaría a salvo a los fondos de inversión indirectos. El artículo 111, que fija hasta 12 años de prisión para campañas de desinformación financiadas desde el exterior y que los opositores leen como una herramienta contra la prensa, se reformularía para excluir el periodismo y la investigación académica.

El proyecto todavía no tiene dictamen de comisión, el aval necesario antes de una votación en la Cámara de Diputados, la cámara baja. Una reunión de comisión que debía producirlo se canceló después de cuatro reuniones sin acuerdo. El oficialismo dejó el proyecto fuera de la última sesión y dice que el presupuesto 2027 es su prioridad.

En la misma conferencia de prensa, Landau respaldó el pedido de Washington en la ONU, el 15 de octubre, de terminar el mandato del Comité Especial de Descolonización, el foro donde la Argentina presenta cada año su reclamo por Malvinas, como parte de una reforma más amplia de los organismos de la ONU. Quirno dijo que el reclamo argentino no es negociable y que no cambiaría si el comité desapareciera. La Argentina se abstuvo ese día en dos de las 23 resoluciones sobre descolonización, algo que Quirno atribuyó a razones técnicas.

Una sesión del pleno de la cámara el miércoles 28 de octubre exigiría un acuerdo entre los bloques para el martes, algo que los legisladores oficialistas consideran muy improbable. El gobierno quiere que el presupuesto llegue al recinto el 18 de noviembre.