Las comisiones de la cámara baja de la Argentina respaldaron el martes el proyecto de soberanía sobre Malvinas del gobierno, después de reescribirlo para acotar las sanciones a las petroleras extranjeras tras las preocupaciones de EE. UU.

Las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores emitieron un dictamen de mayoría, el paso previo a la votación del pleno, con 60 firmas de los 104 miembros presentes, entre ellas las de aliados del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR). Legisladores peronistas presentaron su propio dictamen de minoría con 38 firmas y rechazaron las partes del proyecto que no tienen que ver con Malvinas.

El proyecto, que el presidente Javier Milei envió al Congreso en septiembre, penalizaría a cualquier persona o empresa que explote recursos naturales en aguas alrededor de las islas sin permiso argentino, que provea a sabiendas bienes o servicios esenciales para esa tarea, o que tenga una participación en una empresa que lo haga o la controle. Según el texto de las comisiones, las penas pueden incluir multas de hasta 500.000 barriles de petróleo, la cancelación de licencias argentinas e inhabilitaciones de hasta 20 años para hacer negocios en la Argentina.

El texto exime a los individuos que tengan hasta 2% del capital de una empresa y a los fondos de inversión pasivos, siempre que no nombren miembros del directorio, y manda a los reguladores a castigar más duramente a quienes hacen el trabajo directamente que a los proveedores, accionistas o empresas controlantes. Un capítulo penal aparte fija penas de prisión de 8 a 20 años para quienes exploren o produzcan petróleo u otros recursos alrededor de las islas sin permiso.

Los cambios siguen a las preocupaciones de EE. UU., planteadas por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, y otro diplomático estadounidense durante su visita a Buenos Aires la semana pasada, de que las sanciones podrían alcanzar a empresas estadounidenses. El gobierno ya había reescrito el texto antes de que se reunieran las comisiones.

Otra parte del proyecto crea el delito de injerencia extranjera, punible con 5 a 12 años de prisión, para quien actúe a sabiendas por cuenta de un Estado o agente extranjero en una campaña clandestina, engañosa o coercitiva para alterar una elección o la voluntad política de la población. El texto dice que no cuentan la diplomacia, el periodismo, la investigación académica ni el lobby abierto. Algunos aliados y opositores siguen diciendo que el capítulo podría amenazar la libertad de expresión, y fuentes oficialistas reconocieron que tal como está no pasa en el recinto, y agregaron que seguirán modificándolo.

El oficialismo, La Libertad Avanza, busca llevar el proyecto a una votación del pleno el 12 de noviembre, y el Senado también tendría que aprobarlo. Justo antes, el 10 y el 11 de noviembre, el tribunal internacional del derecho del mar en Hamburgo escucha el pedido de la Argentina, presentado contra el gobierno del Reino Unido, de frenar Sea Lion, el proyecto petrolero que la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum desarrollan al norte de las islas.