El gobierno del Reino Unido pidió a Interpol, la organización internacional de policía, que rechace los pedidos argentinos de arresto de personas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, frente a las Malvinas, informó The Guardian el 13 de octubre.

Una carta enviada a la sede de Interpol en Lyon, Francia, sostiene que los pedidos argentinos de notificaciones rojas, incluidos algunos que alcanzan a ciudadanos británicos, deben considerarse motivados políticamente. Una notificación roja pide a la policía de otros países que ubique a una persona y la detenga provisoriamente hasta su extradición. Interpol examina cada una antes de difundirla, y luego cada país miembro decide si actúa.

Interpol respondió que respetará el artículo 3 de su Constitución, que le prohíbe toda intervención o actividad de carácter político. Fuentes del gobierno británico describen los pedidos como un intento de intimidar a personas y empresas para que dejen de trabajar en las islas.

Fuentes de la Cancillería argentina rechazan esa versión. Dijeron a La Nación que la estrategia británica de demonizar a la Argentina es falsa y negaron que se haya presentado algún pedido de arresto contra ejecutivos de las empresas que operan Sea Lion. El desmentido se limita a los ejecutivos; el informe de The Guardian habla de pedidos contra personas vinculadas al proyecto, incluidos ciudadanos británicos.

La disputa excede el ámbito empresarial. Los trabajadores de las industrias petrolera y pesquera de las islas temen ser detenidos si viajan, en particular a Sudamérica. Andrea Clausen, máxima autoridad ejecutiva del gobierno de las islas, la administración propia del archipiélago en Puerto Stanley, calificó de amenaza el uso que hace la Argentina de Interpol, pero dijo: “Uno querría pensar que Interpol no actuaría necesariamente”.

La carta es uno de varios frentes. El gobierno del presidente argentino Javier Milei abrió procesos penales contra Navitas y Rockhopper, y un proyecto de ley de soberanía que está en el Congreso extendería las sanciones a sus filiales, accionistas, proveedores e intermediarios financieros. El 13 de octubre, Buenos Aires también pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas urgentes contra el proyecto, un pedido que, según la Oficina del Presidente, busca proteger los recursos naturales y evitar que las acciones británicas agraven la controversia.

El canciller británico Ed Miliband dijo a los legisladores que el Reino Unido usará su ley de Protección de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests), que impide a las empresas británicas acatar ciertas medidas extranjeras, para proteger a las empresas que trabajan en las islas. “Los intentos de la Argentina de intimidar a empresas y personas que realizan actividades comerciales legítimas son inaceptables”, afirmó.

Funcionarios británicos dicen que la presión argentina sobre las islas está en su nivel más alto desde la guerra de 1982, que dejó 649 militares argentinos, 255 militares británicos y tres isleños muertos.