La Argentina pidió el martes al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS, por su sigla en inglés), con sede en Hamburgo, que ordene al gobierno del Reino Unido impedir la producción de petróleo en Sea Lion, un proyecto al norte de las Malvinas, un día después de que venciera el ultimátum de dos semanas de Buenos Aires.

El ITLOS confirmó en un comunicado de prensa que recibió el pedido el 13 de octubre. Se apoya en el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que permite a cualquiera de las partes de una controversia solicitar órdenes provisionales, conocidas como medidas provisionales, mientras todavía se constituye un tribunal arbitral aparte. El gobierno de Milei inició ese arbitraje el 28 de septiembre y fijó el plazo el mismo día. El tribunal solo puede ordenar medidas si considera que el futuro tribunal arbitral tendría, a primera vista, competencia y que la situación es urgente.

La Argentina pide al ITLOS que ordene al Reino Unido cuatro cosas: impedir que comience o continúe la explotación de petróleo en Sea Lion; abstenerse de usar contra los derechos de la Argentina la información obtenida en la exploración de las aguas en disputa; dejar de impedir que la Argentina proteja el medio ambiente marino de la zona; y evitar cualquier medida que pueda agravar la controversia, en particular el otorgamiento de nuevos permisos.

Presentar el pedido no frena ningún trabajo. Los jueces deciden si lo conceden. Sea Lion es operado por Navitas Petroleum, una empresa israelí que tiene el 65% del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration tiene el 35%. La presentación argentina cita declaraciones de las empresas según las cuales se espera que la perforación de desarrollo comience a principios de 2027.

El canciller Pablo Quirno calificó la presentación de inédita en X e invitó de nuevo a Londres a retomar las conversaciones bilaterales sobre la disputa de soberanía. El gobierno dijo que el pedido busca preservar los derechos soberanos de la Argentina sobre su plataforma continental, el lecho marino que se extiende desde su costa.

El gobierno del Reino Unido dijo el mismo día en Londres, en un comunicado aparte sobre las sanciones de la Argentina a empresas vinculadas a las islas, que prepara medidas al amparo de su legislación de Protección de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests), una ley de 1980 que prohíbe a las empresas británicas acatar medidas extranjeras con alcance más allá de las fronteras de ese país, para protegerlas de las sanciones argentinas, con el objetivo de ponerlas en vigencia antes de fin de año. Jonathan Reynolds, a cargo de la cartera de Negocios, dijo que el gobierno “actuará cuando la Argentina busque impedir la actividad comercial lícita del Reino Unido”, y Ed Miliband, al frente del Foreign Office, calificó de “inaceptables” los intentos de la Argentina de intimidar a las empresas. El comunicado señaló que las decisiones sobre el desarrollo corresponden al gobierno de las islas, la administración propia del archipiélago en Puerto Stanley, y a las empresas.

La presentación argentina dice que Londres respondió a su notificación de arbitraje el 11 de octubre rechazando las medidas provisionales y afirmando que impugnará con firmeza la competencia del tribunal arbitral.

Rockhopper dijo el 5 de octubre, al transmitir un comunicado de Navitas, que el proyecto continúa con el respaldo del gobierno de las islas y del gobierno británico, y que no espera ningún efecto adverso significativo.

El reglamento del ITLOS exige que la presidencia del tribunal fije la fecha más próxima posible para las audiencias orales, y el tribunal dice que la anunciará en breve.