La operadora del proyecto petrolero Sea Lion, frente a Malvinas, dijo el lunes que está tomando medidas para reemplazar a dos contratistas que dejaron de trabajar, y las acciones de su socia Rockhopper cayeron 15,2% en Londres.

Navitas Petroleum, la empresa que cotiza en Tel Aviv y tiene el 65% de Sea Lion, dijo en una presentación que está “tomando medidas para reemplazar a dos contratistas que incumplieron”, mientras la Argentina sigue impulsando sanciones contra los involucrados en el proyecto. Rockhopper Exploration, la empresa que cotiza en Londres y tiene el otro 35%, transmitió el comunicado a sus propios inversores.

La presentación alude al compromiso público de un contratista de mantenerse al margen del proyecto, como hizo Halliburton el viernes 2 de octubre. Navitas no nombró a Halliburton ni a los dos contratistas que reemplaza.

Qué significa para el proyecto: Navitas dijo que no espera “ningún efecto adverso significativo” y que todavía cuenta con el “pleno respaldo” del gobierno de las islas y del gobierno británico. Advirtió que la evaluación podría resultar errada si los reemplazos se demoran o fracasan, si se retiran más contratistas o si la Argentina escala todavía más. Rockhopper dijo que apunta a la primera producción de petróleo en el primer trimestre de 2028.

Rockhopper cerró el lunes a 51,5 peniques, frente a 60,7 peniques el viernes, según los precios de la Bolsa de Londres.

El canciller Pablo Quirno planteó las salidas el lunes por la noche en un discurso en la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), un grupo de política exterior, en La Rural, en Buenos Aires. Dijo que varios proveedores de la industria petrolera se están yendo de las islas, nombró a Halliburton y señaló la caída de las acciones de Rockhopper y Navitas.

El embajador del Reino Unido, David Cairns, sentado a una mesa en la sala, tomó notas durante el discurso y se retiró cuando terminó.

Quirno dijo que el gobierno británico no solo se niega a entablar negociaciones para resolver la disputa de soberanía, sino que adopta medidas unilaterales sobre la explotación de los recursos naturales y los espacios marítimos que forman parte de la controversia. Agregó que la Argentina sigue abierta al diálogo.

Quirno también reiteró el planteo a favor del arbitraje: si Londres sostiene que sus actividades cumplen con el derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo ante un tribunal de árbitros independientes.

El plazo de dos semanas que la Argentina fijó el 28 de septiembre para que Londres frenara las obras, cuando inició el caso bajo la Convención sobre el Derecho del Mar, vence alrededor del 12 de octubre. La Argentina dijo que entonces pedirá medidas de emergencia al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo.