El presidente Milei anunció el lunes que la Argentina abrirá un arbitraje contra el Reino Unido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar por el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Malvinas, y dio dos semanas a Londres para que detenga los trabajos.

Milei escribió en X que instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar un arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de los recursos argentinos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Agregó que, si el Reino Unido no detiene en dos semanas la explotación ilegítima, la Argentina irá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, y sostuvo que las Malvinas son argentinas y se defienden con acciones, no con palabras.

La Cancillería informó que notificó formalmente al Reino Unido en virtud del Anexo VII de la convención, que prevé que las controversias se resuelvan ante un tribunal arbitral de cinco miembros, y citó las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que reconocen la disputa de soberanía e instan a ambos países a negociar. El canciller Pablo Quirno calificó la medida como un paso histórico y sin precedentes. El tribunal con sede en Hamburgo puede dictar medidas provisionales vinculantes, pero no dispone de un mecanismo para hacerlas cumplir.

Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, se espera que produzca su primer petróleo en 2028. El arbitraje suma un frente internacional a una campaña que ya incluye una orden de un tribunal federal para frenar el proyecto, una lista de sanciones con 60 empresas y personas y el proyecto de ley de soberanía de Milei, que impondría penas de prisión por la extracción de recursos sin autorización. El Reino Unido, que ya calificó de “inaceptable” la acción legal argentina contra las empresas, sostiene que los isleños tienen derecho a la autodeterminación y a desarrollar sus recursos naturales.

El mismo comunicado indicó que el gobierno detectó que Thales UK Limited opera vuelos entre las islas y Punta Arenas, en el sur de Chile, con una aeronave de matrícula británica y sin autorización argentina. Ordenó iniciar procedimientos de sanción y denuncias penales contra la empresa.

El anuncio llegó un día después de que el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, dijera que su gobierno respalda el reclamo argentino y defendiera al mismo tiempo el comercio chileno con las islas. Barros dijo a Radio Polar, en Magallanes, que el Reino Unido está allí desde hace 200 años y ejerce soberanía, y agregó que la disputa debe resolverse conforme al derecho internacional, respetando la voluntad y el interés de las personas involucradas y por medios pacíficos.

Barros sostuvo que cualquier actividad que respete las normas locales y el derecho internacional no puede tener ninguna limitación, y describió los compromisos del Mercosur que restringen los vínculos con las islas como de carácter político y no jurídicamente vinculantes. La Nación señaló que esos dichos contrastan con la declaración conjunta que Milei y el presidente chileno José Antonio Kast firmaron en Santiago el 3 de septiembre, en la que Chile se comprometió a impedir el apoyo logístico a la pesca ilegal y a la actividad de hidrocarburos en aguas en disputa.

El plazo de dos semanas vence a mediados de octubre, y el Reino Unido todavía no respondió formalmente a la notificación. Tres comisiones de la Cámara de Diputados tenían previsto abrir el miércoles 30 de septiembre el debate conjunto del proyecto de soberanía, y el gobierno busca un dictamen de comisión a más tardar el 6 de octubre y una votación en el recinto el 7 de octubre.