Un juzgado federal de Tierra del Fuego ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum frenar todos los trabajos físicos del proyecto petrolero Sea Lion, cerca de Malvinas, hasta que la Argentina complete una evaluación de impacto ambiental. Es el revés legal más concreto hasta ahora para el desarrollo de US$2.100 millones, un punto de fricción en la escalada de la disputa de la Argentina con el Reino Unido.

Mariel Borruto, a cargo del juzgado federal de Río Grande, dictó la medida cautelar el 16 de septiembre. La medida prohíbe la perforación del lecho marino, la instalación de infraestructura submarina y de ductos, el despliegue de unidades flotantes de producción y almacenamiento, y los trabajos de apoyo en tierra o en puertos hasta que las autoridades ambientales nacionales de la Argentina completen la evaluación. Las empresas tienen 10 días para informar sobre el estado actual del proyecto.

La demanda fue presentada por el CECIM La Plata, una asociación de excombatientes argentinos de la guerra de Malvinas de 1982, junto con la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientales. Sostienen que las empresas nunca realizaron la evaluación de impacto ambiental exigida por la Ley General del Ambiente de la Argentina antes de iniciar trabajos capaces de causar daño ecológico, y citan riesgos de contaminación química, ruido submarino, tráfico de buques y posibles derrames. El reclamo invoca además una resolución de las Naciones Unidas de 1976 que insta a ambos países a evitar cambios unilaterales mientras la disputa de soberanía siga sin resolverse.

Rockhopper y Navitas dijeron en un comunicado conjunto que “no se espera que el fallo tenga un efecto material sobre el proyecto ni sobre su cronograma”. Sostienen que sus licencias, emitidas por el gobierno de las Islas Malvinas, son lícitas y que los tribunales argentinos no tienen jurisdicción sobre la actividad allí. Ambas empresas dijeron que la perforación sigue prevista para comenzar a principios de 2027, con el objetivo de obtener el primer petróleo en 2028. Borruto reconoció en el fallo que su ejecución dependería de la cooperación internacional y de la conducta de las empresas involucradas, una formulación que se hace eco de una medida de embargo similar dictada en 2015 por la Justicia argentina contra petroleras que operaban cerca de las islas, que nunca se ejecutó porque las firmas no tenían activos significativos dentro de la Argentina.

El fallo se conoció un día después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido publicara una guía para empresas titulada “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, que reafirma la soberanía británica, sostiene que la Argentina no ejerce jurisdicción sobre las islas y ofrece apoyo a las empresas que reciban correspondencia legal de las autoridades argentinas. La Cancillería argentina expresó el 16 de septiembre su rechazo más enérgico a la guía, al sostener que las islas son territorio argentino ocupado ilegítimamente por el Reino Unido y que el propio documento británico viola la resolución de la ONU de 1976. El canciller Pablo Quirno convocó a los embajadores del Reino Unido y de Israel en Buenos Aires para entregarles notas formales de protesta por la decisión de Rockhopper y Navitas de seguir adelante.

El yacimiento Sea Lion, descubierto en 2010 y ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas, recibió su decisión final de inversión en diciembre de 2025, con un costo de la primera fase de unos US$1.800 millones, que asciende a US$2.100 millones hasta su finalización. El gobierno del presidente Milei apunta contra la actividad de hidrocarburos en torno a las islas desde principios de septiembre, cuando presentó denuncias penales contra Navitas y otras firmas y amplió a unas 60 empresas y personas una lista de sanciones por vínculos con la exploración petrolera allí.