Halliburton, el gigante estadounidense de servicios petroleros, dijo el viernes que no trabajará en el proyecto petrolero Sea Lion ni participará en exploración o producción de petróleo en Malvinas ni en sus alrededores.

En su comunicado, según informó Reuters, la empresa, con sede en Houston, dijo que autoridades federales argentinas le habían planteado dudas sobre su posible participación y sobre la aplicación de la legislación vigente y proyectada que regula la actividad en el territorio en disputa. Medios argentinos informaron que la decisión abarca a todas sus subsidiarias. La unidad argentina de Halliburton ya se había apartado del trabajo petrolero en Malvinas a principios de septiembre, al decir que no participaba en Sea Lion; el nuevo comunicado extiende esa posición a la casa matriz, según BAE Negocios y MercoPress.

El gobierno del presidente Javier Milei celebró la medida. Un comunicado de la Oficina del Presidente la calificó como un nuevo resultado de las medidas de Milei y reconoció el trabajo de la Secretaría Legal y Técnica y de la Cancillería. Dijo que el gobierno seguirá usando herramientas legales, diplomáticas y administrativas para que ninguna actividad económica allí refuerce una posición contraria a la de la Argentina.

El anuncio encaja en un patrón. La Cancillería argentina envió advertencias a unas 180 empresas de servicios petroleros, según informaron medios argentinos, en las que se señalaba, entre otras cosas, que trabajar con Sea Lion podría costarles el acceso a Vaca Muerta, y SLB y Baker Hughes habían adoptado posiciones similares. No se informó que ninguna de las tres haya formado parte de Sea Lion, que es operado por Navitas Petroleum, de Israel (65%), junto con Rockhopper Exploration, del Reino Unido (35%), bajo licencias otorgadas por el gobierno de las islas.

Por separado, Londres reiteró su rol en el otorgamiento de licencias. En una respuesta escrita al lord conservador Moynihan, fechada el 1 de octubre, lord Wood of Anfield, ministro del Foreign Office, dijo que “cualquier nueva licencia de hidrocarburos requiere el consentimiento del secretario de Estado, que actúa de conformidad con la legislación aplicable de las Islas Malvinas”. La respuesta agrega que el gobierno de las islas es responsable del desarrollo y la regulación de los hidrocarburos, y que siguió sus propios procesos legales en el caso de Sea Lion. La regla del consentimiento es ley vigente: Uma Kumaran, con cargo ministerial en el Foreign Office, dijo ante la Cámara de los Comunes el 15 de septiembre que el canciller británico actúa conforme a la legislación local cuando decide si da su consentimiento a nuevas licencias de hidrocarburos, y las propias preguntas de Moynihan, presentadas el 17 de septiembre, citan el rol vigente de consentimiento.

Lo que Londres no dijo importa para Sea Lion. La respuesta afirma que el Reino Unido no comenta licencias individuales, y Sea Lion funciona con licencias existentes, que el gobierno de las islas prorrogó por cinco años el mes pasado, por lo que la regla del consentimiento no lo alcanza con claridad. Consultado directamente sobre si el canciller británico, Ed Miliband, había dado su consentimiento al programa de desarrollo del proyecto, el gobierno británico dio la misma respuesta sin abordar la pregunta.

Ambas medidas se producen en medio de una disputa que se agravó desde que la Argentina inició un arbitraje en el marco de la Convención sobre el Derecho del Mar el 28 de septiembre y dio a Londres dos semanas para detener el proyecto; Londres protestó ante el embajador argentino. El plazo vence a mediados de octubre, y el proyecto de ley de soberanía de Milei, que extendería las sanciones a todos los recursos naturales de la plataforma continental, todavía está en el Congreso.