Los inversores detrás del fallo de US$16.100 millones contra la Argentina por YPF pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que lo reviva, con una petición presentada el miércoles 30 de septiembre para revocar un fallo de marzo de un tribunal de apelaciones que dejó sin efecto la condena.

Los peticionantes son Petersen Energía y Eton Park, los accionistas minoritarios que demandaron por la expropiación del 51% de la petrolera YPF por parte de la Argentina en 2012, y cuyo caso financia la firma de financiamiento de litigios Burford Capital. El 30 de septiembre era la fecha límite de presentación, después de que los abogados obtuvieran una prórroga desde el 31 de agosto. Presentó la petición Paul Clement, ex Solicitor General de Estados Unidos.

El 27 de marzo, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito, en Nueva York, revocó por 2 votos contra 1 el fallo que dictó Loretta Preska en 2023. En la sentencia, redactada por Denny Chin, sostuvo que el derecho argentino, incluidos sus códigos civiles y su derecho público sobre expropiación, no daba a los accionistas derecho a demandar por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. Beth Robinson adhirió a la mayoría y José Cabranes votó en disidencia. En junio, el pleno del tribunal rechazó volver a tratar el caso. El fallo también dejó sin efecto la orden que habría obligado a la Argentina a entregar su participación en YPF.

La petición plantea dos preguntas: si un Estado extranjero puede invocar su propio derecho para mantener los reclamos en sus propios tribunales pese a la jurisdicción que otorga la ley estadounidense de inmunidad soberana, y si los tribunales de Estados Unidos deben respetar la interpretación que un Estado soberano hace de su propio derecho cuando se plantea por primera vez en la apelación. El tribunal de apelaciones señaló que la Argentina tomó el control de YPF sin la oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios que exigía el estatuto de la compañía, pero sostuvo que el derecho argentino no daba a los accionistas un reclamo por daños por ello.

Las probabilidades son escasas. La Corte Suprema recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones por año y acepta alrededor de 80. En 2019 se negó a tratar la apelación anterior de la Argentina, lo que dejó vigente la jurisdicción de Estados Unidos sobre el caso, un punto que cita Burford. La Procuración del Tesoro de la Nación dijo que esperaba la presentación y prepara su defensa.

Lo que está en juego es mucho para la Argentina. El Segundo Circuito señaló que la condena equivalía a cerca del 45% del presupuesto nacional de 2024; con intereses, era de unos US$18.000 millones, según Sullivan & Cromwell, el estudio jurídico que representó a la Argentina. Los inversores también abrieron un segundo frente: demandantes respaldados por Burford iniciaron en septiembre un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el foro de arbitraje del Banco Mundial, en virtud del tratado de inversiones entre la Argentina y España de 1991.

La Corte no fijó plazo para decidir si toma el caso. Si lo rechaza, la revocación del Segundo Circuito queda firme.