Quince estados y territorios de Estados Unidos, un senador y grupos de libre mercado le pidieron a la Corte Suprema, en presentaciones de terceros llamadas escritos de amicus curiae, que acepte una apelación para revivir una condena de US$16.100 millones contra la Argentina por YPF.
Los fondos detrás del caso, Petersen Energía y Eton Park, cuya demanda financia Burford Capital, le pidieron a la Corte el 30 de septiembre que anule un fallo de marzo de un tribunal de apelaciones que dejó sin efecto la condena. Misuri y otros 14 estados y territorios presentaron un escrito de amicus curiae el 30 de octubre. El 2 de noviembre siguieron ocho más, del senador Eric Schmitt, de Misuri, el Competitive Enterprise Institute, el Heartland Institute, Unleash Prosperity, un grupo de profesionales de la inversión, un exfiscal general de Virginia junto con una cámara empresarial y dos profesores de derecho, todos a favor de los fondos.
Los estados sostienen que el fallo de apelaciones le permite a un gobierno extranjero evadir la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, la ley de Estados Unidos sobre cuándo se puede demandar a Estados extranjeros ante tribunales estadounidenses, al invocar su propia ley, y que eso expone a sus ciudadanos a un mayor riesgo de daño por parte de gobiernos del exterior. Al igual que la petición de los fondos, su escrito plantea si los tribunales deben deferir a la versión que da un gobierno sobre su propia ley cuando se la invoca por primera vez en la apelación.
Un escrito respalda a la Argentina: un grupo con sede en Buenos Aires, Republican Action for Argentina, presentó el 20 de octubre un escrito en el que pide a la Corte rechazar la petición. La Procuración del Tesoro de la Argentina dijo a La Nación que las presentaciones de amicus curiae son una etapa habitual y no una apelación automática, y que el Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó formalmente a la Argentina cinco veces en el litigio.
Al menos cuatro de los nueve jueces deben votar a favor de tratar el caso. Si la Corte se niega, el fallo de apelaciones queda firme y la Argentina no debe nada por una condena que con intereses llegaba a unos US$18.000 millones. Analistas citados por el diario dijeron que los jueces podrían primero pedirle su opinión al Solicitor General, el principal abogado del gobierno de Estados Unidos ante los tribunales, como hizo la Corte en 2019 antes de rechazar una apelación argentina anterior en el mismo caso. La Argentina e YPF tienen hasta el 2 de diciembre para responder.
