La Corte Suprema redujo a 24 horas el plazo que tienen las partes para recusar a dos conjueces en un nuevo caso de la Ley de Tierras, que incluye un pedido que podría restablecer los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales.
La secretaría de la Corte, a cargo de Sergio Nápoli, firmó la resolución a las 19:09 del miércoles 7 de octubre, acortando el plazo habitual de 72 horas en razón de las particulares circunstancias del caso, y habilitó horas inhábiles a ese efecto. Los dos conjueces, elegidos por sorteo, son Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, integrante de la Cámara Federal de Mendoza.
La causa fue iniciada por la organización ambientalista Árbol de Pie, dos comunidades indígenas y Magdalena Odarda, integrante de la Legislatura de Río Negro, que impugnaron el artículo 154 del Decreto 70/2023, la disposición que derogó la Ley de Tierras. El 1 de octubre pidieron a la Corte que aclarara si su fallo del 29 de septiembre, que rechazó por falta de legitimación la impugnación de una agrupación de veteranos de Malvinas, también alcanza a la suya. Sostienen que su legitimación se apoya en derechos ambientales y de tierras indígenas, no en la soberanía, el argumento que la Corte rechazó para los veteranos. Su expediente incluye un pedido de medida cautelar que, de concederse, restablecería los límites a la propiedad extranjera.
Los tres integrantes de la Corte no se pusieron de acuerdo sobre cómo proceder, y un fallo necesita tres votos, por lo que se sortearon dos conjueces. Carlos Rosenkrantz se muestra reacio a volver a cambiar el panorama, mientras que Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti están en la postura contraria, informó La Nación, citando a personas al tanto de las deliberaciones de la Corte. Especialistas en derecho constitucional dijeron al diario que la Corte podría devolver el expediente a la justicia federal de La Plata o de Bariloche, o resolver ella misma la medida cautelar, un paso excepcional.
Un juzgado de La Plata también actuó el miércoles. Güendalina Sessarego, a cargo de ese juzgado, ordenó al Ministerio de Justicia de la Nación preservar 15 años de registros sobre tierras rurales de la provincia de Buenos Aires e informar en cinco días cuándo se actualizaron por última vez sus bases de datos. La orden respondió a un pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Guido Lorenzino, y se fundó en el riesgo de que se pierdan datos reunidos durante casi 15 años tras la derogación de la Ley de Tierras. Sessarego no suspendió el decreto y giró la causa a la justicia federal, que sorteará quién decidirá si su orden se mantiene.
En el Congreso, el bloque oficialista en la Cámara de Diputados evalúa sumar un límite a la venta de tierras a extranjeros a su proyecto de propiedad privada, mientras gobernadores aliados presionan por una alternativa a rechazar el decreto por completo. La oposición convocó a la sesión especial del 15 de octubre para rechazar todo el Decreto 70/2023, y sus firmantes reconocen que les faltan unos diez diputados para alcanzar los 129 necesarios para el quórum.
Las partes tienen plazo hasta el jueves para recusar a los conjueces.
