La Corte Suprema restableció el viernes, de manera provisoria, los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales al suspender el artículo del Decreto 70/2023 del presidente Javier Milei que los derogaba, diez días después de un fallo que dejó en pie la derogación.
La resolución se aprobó por 4 votos a 1. La firmaron los integrantes de la Corte Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y dos conjueces, los camaristas federales Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Los conjueces se sortearon porque los tres integrantes del tribunal no lograron ponerse de acuerdo, y la Corte había reducido a 24 horas el plazo para recusarlos el miércoles. Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte, votó en disidencia parcial: estuvo de acuerdo en enviar el caso al juzgado federal de San Carlos de Bariloche, pero no en que la Corte Suprema suspenda nada.
La suspensión es una medida provisoria. Seguirá vigente hasta que el juzgado de Bariloche resuelva si todos los demandantes tienen legitimación para accionar y sobre su pedido de medida cautelar. Los demandantes son la organización ambientalista Árbol de Pie, dos comunidades indígenas y Magdalena Odarda, integrante de la Legislatura de Río Negro, que sostienen que la derogación amenaza el ambiente y el territorio indígena. Por ahora, vuelven a regir los límites de la Ley de Tierras Rurales para los compradores extranjeros de tierras rurales.
La Corte no se pronunció sobre si la derogación es constitucional. Sostuvo que no era el tribunal indicado para tratar el caso, pero que el trámite que las instancias inferiores dieron a la demanda de los demandantes, presentada en diciembre de 2023, había dejado sin respuesta sus pedidos y que debía intervenir para evitar un daño irreparable, con base en la normativa de protección ambiental y en el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sobre justicia ambiental. La mayoría insistió además en que la resolución no implica un cambio de rumbo respecto del 29 de septiembre, cuando rechazó por falta de legitimación el planteo de una agrupación de veteranos de Malvinas: los nuevos demandantes se apoyan en otros fundamentos, afirmó.
Rosenkrantz sostuvo en su voto que una mera referencia genérica al ambiente no puede convertirse en una coartada para que los jueces ordenen medidas cautelares, ni siquiera provisorias. Agregó que el malestar que causó el fallo anterior no justifica adoptar decisiones que la Constitución y las leyes no permiten, y dijo que eso debilitaría la confianza en el Poder Judicial.
La resolución alivia la presión sobre el gobierno de cara a la sesión especial que la oposición convocó para el 15 de octubre en la Cámara de Diputados, con el fin de rechazar todo el Decreto 70 y no solo el artículo sobre tierras. Infobae informó que un alto cargo de la Casa Rosada dijo que el fallo le sacó un problema de encima al gobierno, que los bloques aliados le han dicho a la oposición que no aportarán los 129 diputados necesarios para el quórum y que algunos diputados opositores proponen ahora sacar el decreto del temario para que la sesión pueda votar proyectos sobre discapacidad y deuda de los hogares. La oposición dice que, antes del fallo, había contado más de 120 posibles apoyos.
Odarda dijo que el Congreso igualmente debería rechazar todo el decreto el 15 de octubre. Mientras tanto, diputados del partido de Milei, La Libertad Avanza, planean sumar límites a la venta de tierras a extranjeros a su proyecto de propiedad privada, que ya aprobó el Senado, cuando dos comisiones de la Cámara lo traten el miércoles 14 de octubre.
