Legisladores de la oposición convocaron el jueves 1 de octubre a una sesión especial de la Cámara de Diputados para el 15 de octubre para rechazar el amplio decreto de desregulación (oficialmente, Decreto 70/2023) que el presidente Milei firmó en sus primeras semanas de gestión, después de que un fallo de la Corte Suprema a comienzos de esta semana volviera a poner en vigencia la derogación de los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales dispuesta por el decreto. Ese mismo día, la Corte emitió un inusual comunicado público en el que dijo que había resuelto solo una cuestión procesal y que no había adoptado posición sobre el régimen de tierras en sí.

El fallo, dictado el martes 29 de septiembre, revocó una decisión de una cámara de apelaciones que había bloqueado el artículo 154 del decreto, que derogaba la Ley de Tierras Rurales de 2011 y su tope nacional del 15% para la tierra agrícola en manos extranjeras. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que la asociación de veteranos de Malvinas que presentó el caso, CECIM La Plata, carecía de legitimación.

En el comunicado del jueves, la Corte dijo que la decisión solo resolvió un aspecto procesal sobre la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar, que no afecta otros pedidos de medidas cautelares pendientes en tribunales inferiores y que quien considere inconstitucional el régimen de tierras puede igualmente solicitar una. Según el comunicado, la Corte se pronunciará sobre las normas jurídicas conocidas como ley de tierras cuando esos reclamos lleguen a sus manos, algo que hasta ahora no ocurrió. Agregó que los grupos de interés podían acudir a la Justicia, algo que, según dijo, en una democracia es más apropiado que promover discursos de odio y descalificación en las redes sociales, y que “la crítica es correcta; la descalificación y el odio solo deterioran las instituciones y la democracia”. La Corte también dijo que su fallo no obstaculiza la revisión del decreto por parte del Congreso.

Esa revisión es la que la oposición quiere ahora concluir. Según la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, un decreto sigue vigente salvo que ambas cámaras lo rechacen, y no puede modificarse, solo aceptarse o rechazarse en su totalidad. El Senado rechazó el decreto de desregulación en marzo de 2024, pero Diputados nunca lo votó, de modo que un rechazo el 15 de octubre derribaría todo el decreto, de más de 300 artículos, y no solo la disposición sobre tierras. El pedido de sesión fue firmado por legisladores peronistas de Unión por la Patria, el bloque Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal de Miguel Pichetto y la izquierda, y fue entregado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Rechazar el decreto haría revivir buena parte del marco legal que este reemplazó, incluidas la antigua ley de alquileres, la ley de “Góndolas” que reserva espacio en las góndolas de los supermercados a productores más chicos y la ley de Abastecimiento que permitía al Estado fijar precios de referencia, según La Nación, Clarín y El País. Legisladores aliados advirtieron sobre los trastornos; Juan Manuel López, exdiputado de la Coalición Cívica hoy cercano al gobierno, dijo que el rechazo reactivaría de inmediato las viejas reglas de alquileres y dejaría en el limbo servicios como el internet satelital.

Los números no están definidos. Para alcanzar el quórum hacen falta 129 diputados, y el rechazo requiere luego una mayoría simple de los presentes. Los firmantes todavía no tienen los votos por sí solos y dependerán de bloques provinciales que responden a gobernadores, informó Clarín. La oposición también incorporó al temario una prórroga de la ley de emergencia en discapacidad y un proyecto de alivio de deudas de los hogares, temas que podrían ayudar a reunir el quórum.

El gobierno busca una salida que evite perder el decreto. Según Ámbito y Clarín, La Libertad Avanza evalúa sumar un tope a la compra de tierras por extranjeros a su proyecto de propiedad privada, que el Senado ya aprobó en agosto y que está frenado en Diputados, para darles a los aliados una forma de restablecer los límites sin votar en contra de todo el decreto. Juliana Di Tullio, José Mayans y Fernando Salino, del peronismo en el Senado, presentaron el miércoles un proyecto para derogar solo el artículo 154, según El Cronista y Ámbito.

El fallo también expuso divisiones en el oficialismo. Patricia Bullrich, jefa de La Libertad Avanza en el Senado, dijo esta semana que haber impulsado el proyecto de tierras en el Congreso mientras el decreto seguía en la Justicia había sido apresurado, y le dijo a La Nación el miércoles que un rechazo del decreto es una posibilidad. Milei, que habló por video desde París en el coloquio empresarial de IDEA el miércoles, evitó criticar el fallo: dijo que la decisión de la Corte Suprema es la decisión de la Corte Suprema y que en eso consiste el republicanismo.

La sesión del 15 de octubre sería la primera votación de la Cámara baja sobre el decreto, la base legal del programa de desregulación de Milei. Si la oposición consigue los votos, el fin de los límites a la tierra se revertiría junto con cientos de otros cambios bajo los que operan empresas e inquilinos desde diciembre de 2023.