La Corte Suprema de la Argentina revocó el martes un fallo que había bloqueado la derogación de la Ley de Tierras de 2011 dispuesta por el presidente Milei, y restableció una disposición del decreto que elimina los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales.
Para los compradores, el efecto práctico es que personas, empresas y Estados extranjeros pueden ahora comprar tierras rurales sin los topes anteriores, salvo que la Cámara de Diputados se sume al Senado en el rechazo del decreto.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había impugnado la derogación, carecía de legitimación para plantear el caso. La Corte escribió que la soberanía territorial no puede encuadrarse en la categoría de bien colectivo. Los jueces agregaron que su decisión no constituye un pronunciamiento sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto.
La Ley de Tierras prohibía a personas y empresas extranjeras ser propietarias de más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, y fijaba un tope de 1.000 hectáreas para cualquier propietario extranjero individual en la zona núcleo agrícola del país. Milei la derogó mediante el artículo 154 del decreto de desregulación (oficialmente, Decreto 70/2023) que firmó semanas después de asumir. Un juzgado federal restableció la ley luego de la demanda de CECIM, y la Cámara Federal de La Plata declaró después inconstitucional esa sección del decreto; el gobierno apeló ante la Corte Suprema en 2024.
El fallo logra en los tribunales lo que el gobierno no pudo aprobar en el Congreso. En agosto, el proyecto sobre derechos de propiedad del oficialismo propuso en un principio eliminar los límites a la propiedad extranjera, se modificó para elevar el tope al 25% y luego descartó el capítulo por completo después de que se opusieran gobernadores aliados, entre ellos Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones).
La propiedad de tierras agrícolas por parte de extranjeros es desde hace tiempo un tema políticamente sensible en la Argentina, un gran exportador agrícola, y la ley de 2011 se sancionó por razones de soberanía. La legisladora de izquierda Myriam Bregman pidió a la Cámara baja rechazar el decreto completo y dijo que el decreto debe anularse ahora.
El Senado votó por rechazar el decreto de desregulación en marzo de 2024, pero un decreto de necesidad y urgencia pierde vigencia solo si ambas cámaras lo rechazan, de modo que los topes vuelven únicamente si la Cámara de Diputados hace lo mismo.



