El máximo tribunal penal de apelaciones del país avaló el lunes una ley que permite juzgar a prófugos en su ausencia, con lo que allanó el camino para el primer juicio por el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, que mató a 85 personas.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ángela Ledesma, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, rechazó por unanimidad el planteo de la defensa pública contra la Ley 27.784. Ledesma consideró que las objeciones de la defensa eran hipotéticas y conjeturales, ya que dependían de hechos futuros inciertos, como que un acusado se entregue finalmente y pida un nuevo juicio.
La decisión se conoció junto con un auto de 648 páginas de Daniel Rafecas, a cargo de un juzgado federal, que procesó a ocho personas como autoras del atentado: Ali Fallahijan, extitular del Ministerio de Inteligencia de Irán; Ali Akbar Velayati, extitular de la cancillería iraní; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; Ahmad Vahidi, quien en ese momento conducía la Fuerza Quds de la Guardia; Hadi Soleimanpour, quien fue titular de la embajada de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, quien fue responsable de la agregaduría cultural de la embajada; Ahmad Asghari, agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria; y Salman Raouf Salman, de nacionalidad libanesa, acusado de coordinar la fase final del atentado por cuenta de Hezbolá.
Los delitos imputados incluyen homicidio agravado por odio religioso, delitos de lesa humanidad y genocidio. Rafecas dictó embargos de US$500 millones sobre cada uno de los procesados y elevó a la Corte Suprema la cuestión de si la causa debe unificarse con la investigación del atentado de 1992 contra la Embajada de Israel.
Ninguno de los acusados está bajo custodia argentina. La fiscalía argentina sostiene desde hace tiempo que el atentado fue decidido en 1993 en las más altas esferas del Estado iraní y ejecutado por Hezbolá; Irán siempre negó su participación. La ley de juicio en ausencia, aprobada en 2025, permite que el proceso continúe y garantiza a los acusados un defensor designado por el tribunal.
La AMIA celebró las resoluciones y pidió que la causa llegue a juicio lo antes posible. Las apelaciones de las defensas contra el auto de procesamiento de Rafecas siguen pendientes. Si se confirma el auto, la causa pasará a un juicio oral ante un tribunal oral federal, que según estimaciones del gobierno podría realizarse en 2027 o 2028, informó La Nación.
