El gobierno del presidente Javier Milei envió el martes al Senado la postulación del juez federal Daniel Rafecas para una vacante en la cámara penal nacional de apelaciones, un ascenso que necesita la aprobación del Senado.

La vacante es la n.º 7 de la Cámara Federal de Casación en lo Criminal y Correccional, que revisa las sentencias de los 30 tribunales orales en lo criminal de la capital. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propuso a Rafecas por haber quedado primero en un concurso de 2018 para el cargo, y el pedido lleva las firmas de Milei y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Rafecas es juez federal en Comodoro Py, el complejo de tribunales federales de Buenos Aires, desde hace 22 años. Su juzgado tiene a cargo la investigación del atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA, en la que procesó recientemente a ocho sospechosos iraníes y libaneses; la causa por enriquecimiento ilícito contra el diputado bonaerense Francisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni; y la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández.

Si Rafecas asciende, cinco de los 12 juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py quedarían sin juez permanente, y los jueces que subrogan varios juzgados a la vez tendrían que redistribuir sus causas. Su salida también le permitiría al gobierno postular a un nuevo juez para un juzgado que maneja muchas de las principales causas de corrupción del país. El gobierno planea por separado reducir a ocho la cantidad de juzgados federales de primera instancia, algo que requiere que el Congreso apruebe una ley.

Rafecas también subroga hasta el 6 de noviembre el juzgado federal que tiene la causa de la criptomoneda $LIBRA, mientras su juez titular, Marcelo Martínez de Giorgi, está de licencia. Martínez de Giorgi cerró el 23 de octubre la causa contra Milei y su hermana Karina, y la fiscalía que investiga la corrupción en el Poder Ejecutivo apeló el cierre y pidió que la causa se reabra.

La Constitución exige los dos tercios de los senadores presentes solo para los jueces de la Corte Suprema; para los jueces de los tribunales federales inferiores exige el acuerdo del Senado en sesión pública. La postulación debe ingresar primero formalmente al Senado en una sesión pública. Luego los ciudadanos tienen siete días para hacer observaciones sobre el candidato, y la comisión de Acuerdos del Senado, que examina las postulaciones judiciales, debe realizar una audiencia pública y emitir un dictamen antes de la votación en el recinto. El diario El Cronista calculó que estos pasos llevan unas tres semanas, de modo que, con el período ordinario de sesiones terminando el 30 de noviembre, una votación es más probable en diciembre o en 2027.