La Corte Suprema de la Argentina aprobó el 12 de noviembre un protocolo médico que fija cómo los médicos evalúan a los presos que piden prisión domiciliaria por razones de salud, y deja cada decisión en manos del juez.
El protocolo, redactado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte, se aplica a presos condenados y a los detenidos antes del juicio en cárceles federales, sea cual sea su delito. Enumera los exámenes e informes que debe producir un médico, y exige que las autoridades penitenciarias indiquen por escrito qué atención puede brindar realmente la cárcel, para contrastarla con la historia clínica del preso y con informes de organismos de control penitenciario. El texto dice que no fija criterios para conceder o negar la prisión domiciliaria.
El debate se centra en las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar de 1976 a 1983. Ni la orden de agosto de la Corte ni la resolución mencionan esos casos.
La unidad del Ministerio Público Fiscal que hace el seguimiento de esos casos contó 509 personas detenidas en su actualización de septiembre, 73 de ellas en prisión y el resto con prisión domiciliaria.
Cada informe termina en una de cinco conclusiones que contraponen las necesidades de atención del preso con lo que ofrece la cárcel, desde atención que la cárcel puede brindar hasta atención que ninguna cárcel puede brindar, con una categoría para información faltante. El protocolo abarca las tres causales de salud de la ley de ejecución de la pena: una enfermedad que la cárcel no puede tratar, una enfermedad terminal y una discapacidad. Dice que las demás causales de la ley, como tener más de 70 años, en principio no necesitan un dictamen médico sobre el tratamiento.
La Corte ordenó el protocolo el 21 de agosto en una orden firmada por los tres jueces en funciones, y dio al cuerpo 30 días para producirlo. Esa orden decía que el motivo del encarcelamiento no puede ser un obstáculo para la atención que necesita un recluso, "pues lo que está en juego es un principio elemental de humanidad". La Resolución 2867/2026 aprueba el texto terminado, fechado en septiembre, y ordena publicarlo y enviarlo a los tribunales penales y a los ministerios de Justicia y de Seguridad.
Solo dos de los tres jueces firmaron la resolución: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorenzetti, que firmó la orden de agosto, no lo hizo; su despacho dijo que devolvió el borrador sin su firma.
H.I.J.O.S., la organización de derechos humanos de hijos de las víctimas de la dictadura, dijo en agosto que la orden, bajo la apariencia de un protocolo médico, crea una herramienta que facilita la prisión domiciliaria para quienes llevaron adelante el plan sistemático de exterminio de la dictadura. Los grupos que reclaman la liberación de condenados presos de la época de la dictadura celebraron la orden, y el Foro Argentino de Defensa dijo que podría tener consecuencias significativas para los condenados presos.
El cuerpo forense propone una primera revisión del protocolo en seis meses y una revisión anual a partir de entonces.



