La Corte Suprema de la Argentina dictaminó el jueves que un regulador estatal conserva sus facultades de fiscalización sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y dejó sin efecto un fallo de un tribunal inferior que había puesto al organismo fuera de su alcance.
El regulador es la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo de control del Ministerio de Justicia para las empresas y las organizaciones sin fines de lucro registradas en la ciudad de Buenos Aires. En junio, una cámara de apelaciones en lo civil permitió que la AFA trasladara su domicilio legal a Pilar, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, trató su inscripción en la IGJ como cancelada y anuló la orden del Ministerio de Justicia de enviar veedores externos a auditar los libros de la AFA durante 180 días hábiles. Los tres jueces de la Corte consideraron que ese fallo tenía defectos demasiado graves para mantenerse. Dijeron que el traslado no está completo hasta que la IGJ cancele la inscripción, algo que se había negado a hacer, por lo que la IGJ conserva sus facultades. No resolvieron si la inscripción propia de la provincia es válida.
Las causas penales
Los jueces también decidieron que dos investigaciones penales sobre las cuentas y los ingresos en el exterior de la AFA siguen en manos de jueces penales ordinarios de la ciudad de Buenos Aires. Rechazaron un pedido de Adrián González Charvay, juez federal de Campana, una ciudad al norte de la capital, que buscaba quedarse con las causas porque investiga una quinta de Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La Corte siguió el dictamen del procurador general Eduardo Casal, que encabeza el Ministerio Público Fiscal. Una apelación aparte sobre qué tribunal se ocupa de la causa de la quinta de Pilar, ahora en Campana, está pendiente ante la Corte, donde Casal respaldó sacarla de Campana.
Las denuncias, presentadas por el empresario Guillermo Tofoni, apuntan al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, a Toviggino y a otros directivos. Alegan que los ingresos del contrato de la AFA con TourProdEnter, una empresa de Estados Unidos que actúa como su agente comercial exclusivo, no figuraron en los libros de la asociación, y que se desviaron fondos. Ninguno de los dos fue condenado.
El financista
El viernes, el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, de Lomas de Zamora, al sur de la capital, procesó al financista Maximiliano Ariel Vallejo, conocido como Ariel, como jefe de una organización criminal que lavó dinero y evadió impuestos mediante su grupo Sur Finanzas, de casas de cambio, préstamos y una billetera digital. El procesamiento es el paso previo a un posible juicio. El juez ordenó la prisión preventiva, que Vallejo cumplirá en su casa con una tobillera electrónica, y un embargo, un congelamiento judicial de bienes, de 40.000 millones de pesos (unos US$26 millones al tipo de cambio del Banco Central del 5 de noviembre).
Otras 17 personas y nueve empresas también fueron procesadas, y los embargos en todo el grupo suman 215.900 millones de pesos. Informes de prensa argentinos describen a Vallejo como cercano a Tapia, y Sur Finanzas prestó dinero a clubes de fútbol y los patrocinó; el juez espera un informe técnico sobre esos préstamos y patrocinios. Tapia no está entre los procesados en esta causa. Vallejo negó dirigir una red cambiaria ilegal y dijo que sus casas de cambio operaron legalmente bajo los controles cambiarios.
El fallo cita chats de la época del allanamiento policial del 1.º de diciembre de 2025 a Sur Finanzas, en los que empleados hablan de sacar efectivo de las sucursales, desconectar programas en las computadoras de los cajeros alrededor de las 2 de la madrugada, esconder tres camionetas y borrar una computadora. El juez describe un protocolo de borrar registros y esconder efectivo, vehículos y computadoras. Los empleados involucrados negaron irregularidades en presentaciones judiciales, y personas cercanas a Vallejo negaron que él diera esas órdenes.
Qué viene después
Los veedores externos probablemente no vuelvan antes de 2027, informó La Nación. La Corte devolvió la causa de fiscalización a la cámara de apelaciones en lo civil, que debe dictar un nuevo fallo antes de que el Ministerio de Justicia pueda enviar de nuevo a los dos veedores que designó en marzo para auditar los libros de la AFA durante 180 días hábiles. Fuentes de alto nivel del Ministerio de Justicia dijeron que el ministro quiere enviarlos ya pero debe esperar a la Justicia, y en los tribunales esperan que el nuevo fallo, el receso judicial de enero y posibles apelaciones de la AFA empujen la auditoría a 2027.
El viernes, la jueza Paula Petazzi, que investiga la denuncia por fraude contra los dirigentes de la AFA, ordenó pedir a Estados Unidos registros societarios y bancarios sobre TourProdEnter y otras tres empresas, y datos de cuentas bancarias y antecedentes penales en Estados Unidos de Tapia, Toviggino, Javier Faroni, el empresario detrás de TourProdEnter, y su esposa, informó el diario. El pedido no puede salir hasta que la fiscal complete los requisitos formales, para lo cual tiene cinco días hábiles, y las respuestas de las autoridades de Estados Unidos pueden tardar meses.
