El domingo 11 de octubre empezaron a salir convoyes de la cárcel federal de la calle Bermúdez, en el barrio porteño de Villa Devoto, rumbo a una nueva cárcel en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, dijo que 326 internos se fueron el primer día. Dos días después, el Boletín Oficial publicó la resolución que lo respalda: la Resolución 1042/2026 del Ministerio de Seguridad, firmada el 9 de octubre.
El texto es breve y preciso. Habilita el complejo de Marcos Paz, con capacidad provisoria para 2.232 internos, y ordena trasladar allí a todos los internos y el equipamiento del complejo de Devoto. Su artículo 5 desafecta el inmueble de Devoto del uso penitenciario, en el marco de un convenio marco de 2018 entre la Nación, la Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y el ministerio dice que el objetivo es poner fin de forma definitiva a Devoto como cárcel. También señala observaciones técnicas en Marcos Paz que todavía deben corregirse. En Devoto hay unos 1.500 internos, más varios cientos en calabozos de la policía de la Ciudad que también deben ser trasladados.
El 16 de octubre, una cámara de apelaciones confirmó el rechazo de un planteo de la Procuración Penitenciaria de la Nación, pero le ordenó al Servicio Penitenciario Federal avisar con 72 horas de anticipación a los tribunales y a los abogados defensores de cada traslado.
Un plazo fijado para 2020
El traslado debía estar terminado hace años. Cuando el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lo anunció junto con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, en abril de 2018, el traslado debía empezar a fines de ese año y terminar en 2020, y el 65% del terreno liberado se destinaría a espacio verde y el 35% a viviendas. Ya se había firmado un convenio marco y la Legislatura porteña lo ratificó en junio de ese año. La Ciudad, que debía construir la nueva cárcel, adjudicó el contrato en diciembre de 2018 con un plazo de entrega de dos años.
Las obras estuvieron paradas durante años y se reanudaron en diciembre de 2024. En octubre de 2025, el gobierno nacional dijo que el complejo estaba casi terminado y que abriría en marzo. Funcionarios de ambos gobiernos firmaron la recepción provisoria el 8 de octubre.
Una manzana con cárcel desde 1927
La cárcel ocupa una manzana, delimitada por las calles Bermúdez, Nogoyá, Desaguadero y Pedro Lozano. Según el relato de la propia Ciudad, se instaló en el barrio en 1927, tiempo suficiente para que las calles arboladas de Villa Devoto crecieran a su alrededor. Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, calificó el cierre de histórico y de reclamo de larga data de los vecinos. La manzana guarda además un antecedente más oscuro. En 1978, durante la dictadura, un incendio en el Pabellón Séptimo mató a 65 presos. En diciembre pasado, un tribunal federal condenó a dos ex agentes penitenciarios, Juan Carlos Ruiz y Horacio Martín Galíndez, a 25 años de prisión cada uno. Organismos de derechos humanos quieren que parte del predio se conserve como lugar de memoria, y según versiones de prensa el plan lo contempla.
Tres preguntas que definen el destino de la manzana
La primera es de quién es. El terreno sigue siendo propiedad nacional: fuentes oficiales dijeron que la Nación ni lo devuelve ni lo cede a la Ciudad. La Agencia de Administración de Bienes del Estado es parte del convenio de 2018. La Resolución 1042 pone fin al uso penitenciario del predio y no dice nada sobre lo que viene después.
La segunda es quién fija las reglas. La zonificación le corresponde a la Ciudad, y la Legislatura debe aprobar cualquier cambio. La división 65-35 data del anuncio de la Ciudad de 2018. La tercera es cuánto vale: corredores inmobiliarios dijeron en enero que cualquier suba de los precios de la zona sería gradual y dependería de esa zonificación, con límites estrictos que la contendrían y una mayor capacidad de construcción que cambiaría el panorama.
La resolución también fija un plazo que se puede calcular. El artículo 6 le da al Servicio Penitenciario Federal 90 días desde el 9 de octubre para elaborar una estructura orgánica y un manual de funcionamiento para Marcos Paz, plazo que vence a principios de enero.
