Un decreto publicado el lunes permite que empresas de capital extranjero inscriptas en Argentina cuenten como proveedores locales en proyectos del RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones del país. El decreto, publicado en el Boletín Oficial, entró en vigor con su publicación.
Hasta ahora, una empresa debía estar inscripta en Argentina y tener al menos 51% de su capital o de sus votos en manos locales para calificar. Con el decreto, que firmaron el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo, basta con estar constituida y radicada en el país, sea cual sea la nacionalidad de sus accionistas.
El mínimo de 20% del régimen para contratos con proveedores locales no cambia, de modo que las empresas de capital argentino deberán competir ahora por esa cuota con filiales locales de multinacionales. Se mantiene la prueba de origen para los bienes: los productos siguen debiendo cumplir los criterios de origen nacional del Mercosur, el bloque comercial sudamericano, para contar como argentinos. El decreto dice que el objetivo es incorporar a las empresas radicadas en el país a las cadenas de suministro de los proyectos del RIGI y ampliar la competencia entre proveedores.
Los fabricantes han pedido más contenido local. La Unión Industrial Argentina (UIA), el principal grupo de presión de los fabricantes, pidió al Congreso en junio que el 20% se aplique solo a bienes con valor agregado local, para que no lo cubran servicios ni obras. Fuentes de la industria dijeron a El Cronista que el cambio amplía la competencia pero es bienvenido si los bienes se fabrican en Argentina, agregan valor y crean empleo aquí, mientras que otra advirtió que podría ayudar a que productos importados pasen por locales. La consultora Paspartú se preguntó si fortalecerá a los productores nacionales o hará lo contrario.
El decreto también cambia otras reglas para los proyectos aprobados. Comprar acciones de la empresa de un proyecto no altera sus beneficios, pero la compra no cuenta para la inversión mínima que exige el régimen. Y para algunos proyectos aprobados, el Banco Central puede exigir que los dólares que hayan traído del exterior igualen al menos a los dólares que compren en el mercado de cambios. Los dólares que accionistas, socios y casas matrices traigan del exterior cuentan ahora para esa regla si el dinero va al proyecto y puede rastrearse en su contabilidad.
La segunda ronda de negocios del RIGI del Ministerio de Economía, que conecta a los dueños de proyectos con proveedores, está prevista para el 2 de diciembre, y su convocatoria espera 60 empresas compradoras y más de 2.000 proveedores.



