La Argentina dijo ante la 70.ª Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en Viena, el 14 de septiembre, que su industria de ingeniería nuclear, de cuatro décadas de antigüedad, es una fuente de ingresos por exportaciones subutilizada y que el gobierno quiere ampliarla.
Federico Ramos Napoli, de 32 años, a cargo de la Secretaría de Asuntos Nucleares de la Argentina, planteó la estrategia en torno a las exportaciones de tecnología y servicios y no en la nueva generación eléctrica del país. El plan prevé ampliar las ventas de reactores de investigación, instalaciones especializadas que se usan para la investigación científica y para producir isótopos médicos como el molibdeno-99, un ingrediente clave de los estudios de diagnóstico oncológico y cardíaco en todo el mundo.
La propuesta se apoya en una trayectoria que la mayoría de los argentinos conoce solo vagamente. INVAP, la empresa estatal de ingeniería con sede en Bariloche, lleva unos cuarenta años diseñando y construyendo reactores de investigación para otros países, entre ellos el reactor OPAL de Australia, además de proyectos en Egipto, Argelia, Perú y los Países Bajos. El argumento de Ramos Napoli fue que esa experiencia, acumulada en silencio durante décadas, podría generar muchas más divisas si la Argentina la tratara como una estrategia exportadora deliberada y no como una serie de contratos aislados.
Para lograrlo, el gobierno quiere reestructurar el modo en que se financia el sector. Ramos Napoli describió planes para una empresa de capital mixto que combinaría a la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina (CNEA) con inversores privados, según un modelo utilizado por el grupo nuclear francés EDF, vinculado al Estado, y por Framatome. Según la propuesta, la CNEA conservaría una acción de oro con poder de veto sobre las decisiones estratégicas, mientras que el capital privado, del orden de US$200 millones, financiaría la expansión comercial necesaria para competir por contratos internacionales.
La estrategia es independiente de la expansión nuclear interna de la Argentina. El RA-10, un reactor de investigación multipropósito en construcción en las afueras de Buenos Aires, pasó de estar a medio construir a un avance de cerca del 96% en menos de dos años, tras un cronograma que durante la gestión anterior se había corrido desde un objetivo original de 2019 hasta 2029 o 2030. Una vez en funcionamiento, se espera que multiplique por seis la producción argentina de molibdeno-99, de entre 400 y 500 curies por semana a unos 3.000, junto con otros isótopos médicos como el lutecio-177 y el iridio-192. Los funcionarios en Viena presentaron el RA-10 como un proyecto de capacidad nacional, distinto de las exportaciones comerciales que giran en torno al negocio de reactores de INVAP.
El interés mundial por la tecnología nuclear viene creciendo a medida que los centros de datos impulsan una nueva demanda de electricidad y los países buscan cumplir metas de descarbonización. Eso crea un mercado para la infraestructura especializada de pequeña escala en torno a la cual la Argentina construyó su experiencia, incluidos los pequeños reactores modulares que los funcionarios en Viena presentaron como solución para necesidades de energía en zonas remotas o de difícil financiamiento. El acceso limitado de la Argentina a los mercados internacionales de crédito vuelve más atractivos los ingresos por exportaciones de un sector en el que ya tiene credibilidad técnica.
Los obstáculos son reales. Las exportaciones de tecnología nuclear exigen acuerdos internacionales de salvaguardias y aprobaciones regulatorias que llevan años antes de que pueda enviarse un solo reactor, y el perfil crediticio restringido de la Argentina dificulta el financiamiento de nuevos contratos de exportación más que en un país con mejor acceso a los mercados. Nada de lo anunciado en Viena se convierte en contratos firmados en el corto plazo.
