Los ríos de la Patagonia llevan caudales en mínimos históricos, y su agua y su tierra están sometidas a presión por más de una década de desarrollo del shale. Las empresas de centros de datos quieren construir allí de todos modos.
El motivo es sencillo: recursos naturales abundantes, energía barata de Vaca Muerta, un clima fresco y tierras abiertas hacen que la región parezca atractiva en una planilla de cálculo, y el gobierno argentino está buscando activamente atraer esa inversión. Pampa Energía, FlexDomes, Green Capital y otras empresas proponen instalaciones que van desde decenas de megavatios hasta varios gigavatios, y el “Super RIGI” que propone el gobierno, una versión ampliada de su programa de incentivos a la inversión que ofrecería 30 años de estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria para inversiones superiores a US$1.000 millones, está diseñado para atraer ese tipo de capital hacia el procesamiento de datos, la ciberseguridad y la defensa. Obtuvo media sanción en Diputados en junio, pero está frenado en el Senado. Vender la misma energía de Vaca Muerta dos veces, una como electricidad y otra como capacidad de cómputo, parece una forma de que la región capte más valor que exportando solo gas y petróleo. Pero todavía no existe ninguna regulación argentina que establezca qué puede tomar de la región un centro de datos antes de que se le permita construir. Ese vacío suma riesgo al problema de fondo: el agua y la tierra de la Patagonia ya están sometidas a presión, y esta industria no tiene lugar allí, sin importar qué reglas se terminen escribiendo.
Los centros de datos no solo consumen electricidad. Según un cálculo de Chequeado basado en estimaciones de EE. UU., los centros de datos usan más de 2,5 millones de litros de agua al año por cada megavatio de capacidad, contando el agua que se emplea para generar su electricidad, y los ríos de Neuquén ya registran caudales históricamente bajos, según Alan Rocha, quien investiga en el Observatorio Petrolero Sur. El gobierno de la provincia de Neuquén extendió en agosto su emergencia hídrica, con el argumento de que los embalses y los caudales de los ríos están en mínimos históricos. Un único campus propuesto de 500 megavatios, calculado a esa tasa, necesitaría al menos 1.250 millones de litros de agua al año, una demanda para la que la región nunca tuvo que planificar. Los desarrolladores dicen que la refrigeración de circuito cerrado puede reducir ese consumo, pero reconocen que igualmente se necesita agua para la puesta en marcha, el mantenimiento y las emergencias, y ninguno de los estudios hídricos específicos ni de las evaluaciones ambientales de estos proyectos se hizo público. Los propios funcionarios argentinos admiten que, en sus palabras, todavía no existen regulaciones específicas para la instalación de centros de datos; el único marco aplicable es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que según sus críticos fue redactado para eximir precisamente de los requisitos ambientales que un proyecto como este enfrentaría de otro modo.
Esta cartera de proyectos también avanza más rápido de lo que sugeriría ese vacío regulatorio, y esa es precisamente la razón por la que la decisión no puede esperar. La cifra de US$25.000 millones, muy citada, para un proyecto de la empresa argentina Sur Energy, con OpenAI como compradora de su capacidad de cómputo, ya cuenta con una carta de intención firmada, y Pampa Energía, que ya cotiza precios de energía a inversores interesados, dice que esos inversores evalúan pilotos de entre 20 y 40 megavatios como primera etapa de construcciones mucho mayores. Gran parte de este capital es extranjero, incluida una participación de US$76 millones en el productor de shale Vista Energy del fondo de Peter Thiel, una señal más de que multimillonarios extranjeros apuestan cada vez más por la energía y los recursos de la Argentina en un momento en que los costos de esa apuesta, ambientales y de otro tipo, recaerían sobre la Patagonia y las comunidades que viven allí. La reacción que Thiel ya provocó, incluidos manifestantes frente a una residencia de Buenos Aires vinculada a él este agosto, muestra que esta afluencia genera disputa política mucho antes de que se haya iniciado la obra de un solo centro de datos. Más allá del riesgo ambiental, comprometer inversiones extranjeras por décadas sobre el agua y la tierra de la Patagonia es una apuesta mayor que de costumbre en un momento de alta inestabilidad política, en la Argentina y en el mundo. Ese ritmo es precisamente la razón por la que la decisión debe tomarse ahora, antes de que estos pilotos se conviertan en los campus a escala de gigavatios que la Patagonia no tendría más remedio que alojar.
Los recursos naturales de la Patagonia merecen ser preservados, no consumidos por una nueva industria que se levanta sobre una región ya sometida a presión por la anterior. Sus ríos llevan caudales bajos y su tierra soporta más de una década de extracción de shale, y nada de eso justifica sumar una demanda de agua a escala de gigavatios, sea cual sea su efecto en la ecuación de los incentivos. Se dejó que el auge del petróleo y el gas de Vaca Muerta superara durante años a su propia regulación, y la región y sus comunidades todavía lidian con las consecuencias. La Patagonia no debería ser el costo de este auge.



