El gobierno argentino abrió el lunes un plan de retiro voluntario para los empleados permanentes de la administración nacional, que paga a la mayoría de quienes se van un sueldo mensual por año de servicio más meses adicionales y les impide trabajar en el Estado nacional durante ocho años.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijo que unos 20.000 trabajadores pueden acceder. La inscripción corre durante noviembre, con una prórroga de hasta 30 días, según el Decreto 1203 publicado en el Boletín Oficial, firmado por Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Sturzenegger. Quien se suma deja el empleo y el cargo presupuestario se elimina.

El plan abarca al personal permanente y a los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado de la administración centralizada: los ministerios y sus dependencias. Excluye a las fuerzas armadas y de seguridad, al organismo de inteligencia, al servicio exterior, a los contratados temporales y a organismos separados como la ANSES, el organismo previsional, que tuvo su propio plan, cerrado el 30 de septiembre.

Los pagos dependen de la edad y de los aportes jubilatorios. Los trabajadores mayores que no tienen aportes suficientes para jubilarse pueden optar por un pago único o por el 60% de su sueldo hasta por tres años. Los demás reciben un sueldo mensual por año de servicio más cuatro o cinco meses adicionales; para el grupo más joven, la parte por año tiene un tope de 20 meses.

Quienes se anoten deben renunciar a cualquier reclamo laboral contra el Estado y no pueden tener pendientes causas penales o disciplinarias graves.

Sturzenegger dijo en X que el objetivo es seguir recortando el gasto público para poder bajar los impuestos, y que la prohibición de ocho años busca evitar una puerta giratoria; quien vuelva igual deberá devolver el dinero. Su ministerio informa que el sector público nacional, incluidas las empresas estatales y las fuerzas armadas y de seguridad, tenía 77.515 puestos de trabajo menos en agosto que en diciembre de 2023. El INDEC, el organismo de estadísticas, cuenta unos 72.000 menos en el mismo período en la administración nacional y las empresas estatales.

Los organismos pueden rechazar una solicitud si la salida perjudicara un servicio público. Tienen 40 días después del cierre de la inscripción para decidir, y una solicitud sin respuesta se considera rechazada.