La Corte Suprema de la Argentina dictaminó el jueves 5 de noviembre que lo que los empleadores deben a los trabajadores en juicios por despido en trámite debe actualizarse según la fórmula de la reforma laboral de 2026 del presidente Javier Milei. El fallo abarca formalmente ocho causas, encabezadas por Cabana Opanasiuk c. Unir SA, pero la Corte escribió que el artículo 55 de la ley de reforma fija las reglas de actualización para los juicios laborales que aún esperaban sentencia firme cuando la ley entró en vigor el 6 de marzo.
La fórmula determina cuánto debe sumar una empresa a lo que le debe a un trabajador por los años que dura un juicio. Según el artículo 55, la actualización parte de una tasa de interés que el Banco Central fija para este fin. El resultado no puede superar la inflación al consumidor, medida por el INDEC (el organismo nacional de estadística), más 3% anual, la tasa que había ordenado la cámara de apelaciones. Tampoco puede quedar por debajo del 67% de esa cifra.
El piso es lo que cambia para los trabajadores. Las deudas actualizadas con la regla general de la reforma, en el artículo 54, reciben la cifra completa de inflación más 3%; las de juicios que ya estaban en trámite pueden resultar en apenas el 67% de ella.
Los ocho casos llegaron después de que la Sala II, una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, declarara inconstitucionales dos leyes que prohíben indexar las deudas por inflación y ordenara actualizar los reclamos por inflación más 3% anual. Los demandados apelaron ante la Corte Suprema, y la reforma entró en vigor antes de que esta se pronunciara. La Corte dijo que sus fallos deben reflejar la ley vigente al momento de decidir, incluso una ley sancionada después de presentada una apelación. Como el artículo 55 ahora fija las reglas de actualización, dijo que no era necesario resolver si la prohibición de indexar es constitucional, dejó sin efecto los fallos de la cámara sobre cómo se actualizan los reclamos y devolvió las causas para que se dicten nuevos.
La Corte no se pronunció sobre si el artículo 55 en sí es constitucional. Las cámaras de apelaciones están divididas: los jueces de la Sala I Enrique Catani y Gabriela Vázquez lo declararon inconstitucional y escribieron que penaliza a los trabajadores por acudir a la Justicia, y la Sala VI hizo lo mismo, mientras que las Salas II y VIII lo avalaron. En octubre, además, un juez federal suspendió otros dos artículos por tres meses.
El Ministerio de Capital Humano, que supervisa la política laboral, celebró el fallo en un comunicado publicado en X el jueves. Dijo que la decisión sienta una pauta orientadora para todo el sistema judicial y contribuye a la seguridad jurídica, y que el artículo 55 pone freno a métodos de indexación que habían provocado un aumento irrazonable de los costos de las indemnizaciones por despido.
Las causas vuelven ahora a la cámara de apelaciones del trabajo para que dicte nuevos fallos conforme a la decisión. La Corte Suprema no fijó montos.