Un juez federal suspendió por tres meses dos artículos de la reforma laboral del presidente Javier Milei: uno que hace que los abogados de los trabajadores compartan la responsabilidad por las costas judiciales cuando un reclamo está inflado, y otro que permite a las empresas pagar en cuotas las sentencias judiciales.

El juez Martín Cormick, del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 de Buenos Aires, dictó dos resoluciones en menos de 24 horas, difundidas el 14 y el 15 de octubre. Una atendió el pedido de unos 30 colegios de abogados de provincias como Córdoba, Santa Fe, Salta, Neuquén y Tierra del Fuego. La otra hizo lugar a una demanda colectiva del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), el colegio de abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Los sindicatos no iniciaron estas causas. Cada resolución dura tres meses o hasta una sentencia definitiva, lo que ocurra primero, y ninguna declara inconstitucionales los artículos.

El artículo 10 de la ley de reforma laboral (Ley 27.802) reescribió una regla de la Ley de Contrato de Trabajo sobre la “pluspetición inexcusable”. Los juicios laborales son gratuitos para los trabajadores, pero si se determina que un reclamo está inflado sin justificación, el trabajador y el abogado pagan las costas en conjunto. La reforma agregó que esto se aplica objetivamente siempre que el monto reclamado esté sobrestimado. Cormick dijo que ese agregado carece de claridad en su redacción y deja a trabajadores y abogados sin certeza sobre cómo plantear un reclamo. Sostuvo que solo el juez de cada caso puede determinarlo, después de examinar la conducta del trabajador y del abogado.

El artículo 56 permite a las grandes empresas pagar las sentencias judiciales en hasta seis cuotas mensuales, y a las pequeñas y medianas en hasta doce, ajustadas por inflación más un 3% anual. Los colegios de abogados argumentaron que la ley no aclara si los honorarios de los abogados, que forman parte de las costas, también pueden fraccionarse. Cormick escribió que dejar que las empresas elijan pagar en cuotas sin que el acreedor tenga voz parece, en esta etapa inicial, una clara violación del derecho de propiedad.

Para los trabajadores, por ahora vuelven a regir las reglas anteriores: las costas se comparten solo después de que un juez determine que el reclamo es defectuoso, y las empresas no pueden dividir una sentencia en cuotas. El CPACF dijo que el sistema de cuotas posterga el cobro de los créditos laborales y de los honorarios. El resto de la ley, vigente desde marzo, no resulta afectado.

El Ministerio de Justicia, que defendió los artículos ante el tribunal, sostuvo que cualquier daño era hipotético. Dijo que la regla sobre costas busca desalentar los reclamos abusivos y que las cuotas indexadas por inflación equilibran el crédito del trabajador con la necesidad de mantener a flote a las empresas y los empleos.

Las resoluciones suman un nuevo frente a la disputa judicial por la reforma. La CGT, la principal central sindical, tiene su propio planteo de inconstitucionalidad, y en julio una cámara de apelaciones rechazó suspender parte alguna de la ley a pedido de la central. Cormick también falló contra el gobierno este mes en el caso del financiamiento universitario.

Las apelaciones contra las resoluciones de Cormick van a la cámara de apelaciones en lo contencioso administrativo federal. El CPACF dijo que continuará su acción para que ambos artículos sean declarados inconstitucionales.