Una jueza federal de Buenos Aires abrió una investigación preliminar para determinar si funcionarios argentinos ayudaron al candidato presidencial derrotado de Brasil, Flávio Bolsonaro, a salir de Brasil, y ordenó preservar las grabaciones de cámaras de la frontera y del aeropuerto.
La jueza María Eugenia Capuchetti actuó a pedido de la fiscal federal Paloma Ochoa. Ordenó conservar las grabaciones del puente Tancredo Neves, por donde Bolsonaro cruzó de Brasil a Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, y del aeropuerto de esa localidad, incluidas las imágenes del jet privado. También pidió a la agencia de migraciones y a la Cancillería que certifiquen si algo le impedía ingresar a la Argentina. Las medidas son preliminares: Ochoa decidirá si abre una causa penal.
La investigación comenzó con una denuncia penal del dirigente de izquierda Gabriel Solano, y se espera que se agregue al expediente una segunda, del legislador opositor Esteban Paulón. Las denuncias acusan al presidente Milei y a funcionarios como el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y Santiago Caputo, un consultor político que asesora a Milei (y que no es el ministro de Economía Luis Caputo), de delitos que incluyen encubrimiento agravado, es decir, ayuda para eludir a las autoridades, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos.
Una tercera denuncia, de la legisladora opositora Marcela Pagano, fue al fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, que la desestimó el jueves. Informes de la agencia de migraciones y de Interpol, la red policial internacional, no hallaron nada que impidiera el ingreso de Bolsonaro. Martínez concluyó que tenía los documentos y la habilitación legal para ingresar, circular y salir de la Argentina, y que no se cometió ningún delito en esa jurisdicción. Envió una copia de su decisión a la oficina de Ochoa en Buenos Aires.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, el principal ministro del presidente, defendió el jueves en Rosario lo actuado: dijo que Bolsonaro entró por migraciones y no tenía impedimentos de Interpol, y que esa es la conclusión clara.
Dos informes vinculan a Caputo con el operativo. The Wall Street Journal informó, citando a un exjefe de inteligencia argentino, que lo monitoreó desde Puerto Iguazú y, citando a una persona involucrada, que estuvo en contacto directo con el hermano de Bolsonaro, Eduardo, que vive en Estados Unidos. La Nación informó que un registro de la policía de Misiones muestra a Caputo identificado en un control en la Ruta 12 a las 2:50, unas dos horas y media después del despegue del jet, en un vehículo con patente diplomática perteneciente a Yacyretá, la entidad hidroeléctrica binacional. Según el registro, dijo a los policías que era consultor político y asesor de Milei y pidió que no lo demoraran. Caputo negó al diario que lo hubieran identificado allí.
Baires Fly, la empresa de vuelos chárter porteña que opera el Gulfstream, reservó el jet para un intermediario de aviación estadounidense, dijo una fuente de la compañía. El intermediario, cuyo nombre la empresa no revela, pagó unos US$140.000 por adelantado. El Journal informó además que un pequeño grupo que incluía al asesor de Trump Jason Miller consiguió un jet chárter para llevar a Bolsonaro de la Argentina a Florida.
Miembros peronistas de la comisión bicameral del Congreso que supervisa los organismos de inteligencia pidieron a la SIDE, el servicio de inteligencia del Estado, que informe si participó en el operativo, si usó dinero público y qué papel tuvo Caputo. El presidente de la comisión, Sebastián Pareja, es un legislador del propio partido de Milei. Los miembros dijeron que la SIDE podría responder primero por escrito y que sus funcionarios podrían ser citados si las respuestas no alcanzan.
