La Cámara de Diputados de la Argentina, la cámara baja del Congreso, aprobó en la madrugada del jueves, por 237 votos a 9, una ley permanente de prestaciones por discapacidad, después de que el gobierno del presidente Javier Milei retirara los recortes previstos y aceptara la mayoría de los cambios de la oposición.

El resultado está muy por encima de los dos tercios de cada cámara que el Congreso necesita para rechazar un veto. La ley reemplazaría el régimen de emergencia que los legisladores le impusieron a Milei en 2025 pese a su veto y que vence el 31 de diciembre. Define qué reciben las personas con discapacidad en pensiones y qué paga el Estado a las clínicas y los terapeutas que las atienden.

Mantiene la pensión no contributiva por discapacidad y sus actualizaciones por inflación, y permite que quienes la cobran tengan un empleo registrado con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Si el Estado adeuda dinero a los prestadores cuando la ley entre en vigencia, deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y pagar dentro de los 90. A cambio, el gobierno consiguió auditorías periódicas que cruzan los datos de los beneficiarios con los registros tributarios y de seguridad social.

La concesión del gobierno fue sobre su proyecto de presupuesto 2027, cuyo capítulo de discapacidad habría atado las pensiones a la incapacidad para trabajar y habría hecho incompatible la pensión con un empleo formal. Ese capítulo se eliminó. Laura Rodríguez Machado, diputada del partido de Milei, La Libertad Avanza, dijo que la sensibilidad social no está reñida con la responsabilidad fiscal. El principal bloque peronista, Unión por la Patria, lo respaldó; la izquierda se abstuvo porque el texto no actualiza las deudas con los prestadores. Nueve diputados votaron en contra, entre ellos diputados de Córdoba que querían extender la ley de emergencia por un año más.

Horas antes, los diputados aprobaron por 124 votos a 119 el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada del gobierno. Con los cambios introducidos en la Cámara, deroga el artículo del decreto de desregulación de Milei de 2023 que eliminó la Ley de Tierras, que limita al 15% la propiedad extranjera de tierras rurales. Ese capítulo se había eliminado antes de que el Senado aprobara el proyecto en agosto; el oficialismo lo restituyó para ganar los votos de sus aliados.

Cinco diputados leales al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y uno del PRO, de centroderecha, se abstuvieron en lugar de votar en contra, lo que permitió que el proyecto se aprobara. El proyecto también da a los inquilinos 10 días para pagar el alquiler atrasado antes de que el propietario pueda pedir un desalojo abreviado, y endurece las condiciones para las expropiaciones del Estado.

El tercer punto, un proyecto de endeudamiento familiar, no llegó a votarse sobre el fondo. Los diputados lo devolvieron a comisión por 121 a 117, por una moción de Silvana Giudici que no fijó fecha para su regreso. La versión del oficialismo daría a los deudores acceso gratuito a su perfil crediticio y derecho a cancelar anticipadamente, sin topes de tasas ni refinanciación; la oposición quería una emergencia de deudas y la refinanciación de deudas atrasadas. El diputado Pablo Juliano dijo que, a las 3 de la mañana, todo el Congreso se prestaba a esa farsa.

El proyecto de propiedad vuelve al Senado, que debe aceptar o rechazar los cambios de los diputados antes de que pueda convertirse en ley. El proyecto de discapacidad también necesita la aprobación del Senado antes de que el régimen de emergencia caduque a fin de año.