La Argentina firmó el miércoles una declaración encabezada por EE. UU. en la que se compromete a enfrentar la sobrecapacidad industrial en automóviles, baterías, productos químicos, chips y paneles solares, una iniciativa que se interpreta ampliamente como dirigida a China, aunque el texto nunca la nombra.

La declaración fue acordada por altos funcionarios en paralelo al Comité de Comercio de la OCDE, el foro con sede en París integrado en su mayoría por economías ricas, y fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, a cargo de Jamieson Greer. Los firmantes son Estados Unidos, la Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Polonia, Turquía y el Reino Unido.

Los firmantes definen el “exceso de capacidad estructural” como una producción que supera la demanda mundial, no existiría en condiciones de mercado y se sostiene con políticas gubernamentales. Sostienen que distorsiona los precios, desalienta el ingreso de nuevos participantes y deja a los socios comerciales dependientes de un solo proveedor. Se comprometen a crear “plataformas sectoriales específicas” para examinar cada sector y a explorar “acciones complementarias” para defender sus economías, e invitan a otros países a sumarse. No fijan aranceles, cupos ni sanciones, de modo que nada en el texto cambia lo que la Argentina puede importar.

Reuters informó que China, Brasil, Indonesia, Rusia, Arabia Saudita y Sudáfrica, todos miembros del G20, no firmaron, y que una reunión de ministros de Comercio del G20 en Milwaukee la semana pasada no logró un acuerdo sobre el tema. Brasil es socio de la Argentina en el Mercosur, el bloque comercial sudamericano. Greer dijo que el sistema de comercio mundial está “totalmente desquiciado, y el presidente Trump lo está arreglando con socios afines”. China rechaza la acusación de que sus políticas industriales generen sobrecapacidad.

Greer y el canciller Pablo Quirno firmaron en febrero el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina, que solo entrará en vigor cuando ambos países completen sus procedimientos de aprobación. Los firmantes se comprometen a reunirse a nivel técnico antes de diciembre de 2026 para elaborar los términos de referencia y compartir datos sobre los cinco sectores.