La agencia de ciberseguridad de la Argentina exigirá a los fabricantes de equipos para las redes de telecomunicaciones más sensibles del Estado un certificado de la industria de Estados Unidos que su emisor niega a las empresas incluidas en listas de restricciones de EE. UU., como Huawei.

La norma, la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad, se publicó el viernes en el Boletín Oficial y entró en vigor el sábado. Obliga al sector público nacional, incluidas las empresas estatales como la operadora de telecomunicaciones Arsat, cuando compran, instalan u operan equipos para infraestructura crítica de telecomunicaciones, una categoría que la agencia debe definir en 90 días.

Cuando la agencia clasifique los equipos en cuatro niveles de criticidad, los proveedores de los dos niveles superiores deberán demostrar que el fabricante tiene un certificado bajo SCS 9001, una norma de seguridad de la cadena de suministro de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones, un grupo industrial de Estados Unidos. La norma audita los procesos de un fabricante, no los productos individuales. El requisito se aplica a las compras iniciadas 90 días o más después de la entrada en vigor de la norma. Durante los primeros 36 meses, un fabricante puede en cambio presentar la confirmación de la asociación de que se registró para iniciar la certificación, más una declaración jurada y un plan de certificación. El texto no acepta ningún otro esquema como equivalente, y el nivel más crítico exige además una prueba independiente del producto en un laboratorio.

El texto no nombra a ningún país ni a ninguna empresa. Pero la política publicada por la asociación impide certificar a cualquier empresa incluida en listas del gobierno de Estados Unidos, como la Lista de Entidades del Departamento de Comercio, y la prensa argentina informa que esas listas incluyen a Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI. La alternativa de 36 meses también está cerrada para esas empresas, dicen los informes, porque la asociación revisa a los solicitantes contra las listas antes de aceptar un registro.

Los teléfonos celulares no se mencionan en el texto, y nada en él prohíbe importar ni vender ninguna marca. Los equipos ya instalados solo enfrentan medidas de adaptación posteriores, y su reemplazo solo es posible por una decisión fundada. Las empresas ajenas al sector público quedan obligadas solo mediante contratos con el Estado, normas del ente regulador de telecomunicaciones Enacom o adhesión voluntaria.

El artículo 9 pide a Enacom que considere sumar los requisitos a sus procedimientos de homologación de equipos y a las obligaciones de los licenciatarios de telecomunicaciones. Si lo hiciera, advierten grupos de la industria, el requisito podría alcanzar a los dispositivos que se venden al público, incluidos los teléfonos. Los considerandos de la disposición dicen que hacerlos obligatorios para las homologaciones exigiría antes evaluar la notificación a la Organización Mundial del Comercio y la compatibilidad con las normas del Mercosur. Las nuevas normas de Enacom sobre el registro de equipos entran en vigor el 1.º de diciembre.

La filial argentina de Huawei dijo a Clarín que recibió la norma con sorpresa y preocupación, que sus requisitos limitan en los hechos la participación de proveedores de larga data y que evaluará opciones legales. La ATVC, una asociación de empresas argentinas de telecomunicaciones y conectividad, respaldó el objetivo de seguridad pero objetó que se vincule el requisito a un único esquema privado de Estados Unidos y pidió a Enacom una consulta pública. Operadores y pequeños proveedores de internet usan equipos de Huawei y ZTE, y fuentes de la industria advierten que, si se amplía el requisito, alternativas más costosas podrían encarecer las redes.

El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, celebró la medida en X y escribió que "es alentador ver a la Argentina dar un paso firme y técnico para proteger su infraestructura crítica de telecomunicaciones". El 22 de octubre el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció US$15 millones para un centro de operaciones de ciberseguridad que dirige la agencia en las instalaciones de Arsat, y en octubre la Argentina abandonó una central nuclear con respaldo de China. Costa Rica y Paraguay también adoptaron el certificado.

A principios de febrero, a los 90 días de la entrada en vigor de la norma, la agencia debe publicar en el Boletín Oficial las categorías de equipos y sus niveles de criticidad, lo que mostrará qué compras requieren el certificado.