La Argentina le pidió a Estados Unidos renegociar el acuerdo comercial que ambos países firmaron en febrero, tras concluir que no tiene los votos en el Congreso para ratificarlo, pero Washington se negó a reabrirlo, informó Bloomberg esta semana.
El Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, conocido como ARTI, se firmó el 5 de febrero y prometía eliminar los aranceles de Estados Unidos sobre unas 1.675 categorías de productos argentinos, con aranceles reducidos a cero en medicamentos, maquinaria, equipos informáticos y otros productos, y crear cupos libres de aranceles para carne vacuna, automóviles y quesos. A cambio, la Argentina se comprometió a cambios regulatorios, entre ellos adherir a un tratado internacional de patentes y adoptar nuevas reglas sobre datos y tecnología. El acuerdo solo entra en vigor cuando ambos países completen sus propios procedimientos de ratificación, y la parte argentina de ese proceso no avanzó.
Chocan dos problemas. El partido del presidente Milei, La Libertad Avanza, tiene apenas 95 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 20 de las 72 del Senado, muy lejos de la mayoría en ambos casos, lo que deja al gobierno dependiente de sus socios de coalición Provincias Unidas y el PRO para cualquier votación que quiera ganar. Las sesiones ordinarias del Congreso terminan en noviembre, y el calendario ya está colmado con el presupuesto de 2027, un proyecto de reforma laboral, una nueva ley de sociedades y cambios en las reglas electorales.
El segundo problema es jurídico. Las rebajas arancelarias en el centro del ARTI se apoyaban en la autoridad presidencial prevista en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de Estados Unidos, la misma facultad que la Corte Suprema estadounidense anuló en febrero, semanas después de la firma del acuerdo. Sin ese sustento jurídico, los funcionarios argentinos buscan ahora otras concesiones, entre ellas un alivio de los aranceles de 50% que Estados Unidos todavía aplica al acero y al aluminio en virtud de una ley distinta de seguridad nacional, para compensar las rebajas arancelarias que el fallo puso en duda.
Brasil objetó por separado el acuerdo por otros motivos. Argumentó en marzo que las rebajas arancelarias bilaterales de la Argentina a Estados Unidos violan las reglas del Mercosur, que exigen que el bloque comercial negocie con terceros países en conjunto y no un miembro por vez, una objeción que el canciller Mauro Vieira repitió en una cumbre de junio, aunque Brasil no presentó una disputa formal.
Jamieson Greer, a cargo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, dijo que el gobierno estadounidense piensa respetar los acuerdos que firmó pese al fallo de la Corte Suprema. “Estos acuerdos serán buenos. Los respaldaremos. Esperamos que nuestros socios los respeten”, dijo, y agregó que no había “escuchado a nadie decirme que el acuerdo está cancelado”. Otros funcionarios estadounidenses fueron más tajantes sobre la renegociación en sí y dijeron a Bloomberg que reabrir el ARTI “no es viable, ya que sentaría un precedente” que otros países con acuerdos propios estancados podrían exigir para sí.
Jeffrey Goettman, representante comercial adjunto de Estados Unidos, viajó a Buenos Aires el 27 de agosto para insistir en el punto en persona, y se reunió con Adriana Baravalle, a cargo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Argentina, y con Fernando Brun, de rango embajador, en el Palacio San Martín. Funcionarios estadounidenses condicionaron nuevas inversiones de su país, entre ellas el financiamiento de proyectos mineros en el marco del acuerdo de infraestructura más amplio entre ambos países, a tres condiciones: ratificar el ARTI, avanzar con las normas argentinas sobre tecnología “confiable” y adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes. “Nuestra esperanza es que la Argentina pueda ratificar el ARTI”, dijo Heidi Gomez Rapalo, número dos de la Embajada de Estados Unidos, al vincular la ratificación directamente con la confianza de los inversores.
Uno de los puntos de esa lista ya avanza. La Cámara de Diputados de la Argentina aprobó el 27 de agosto la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el sistema internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, tras casi tres décadas de inacción, aunque solo después de que el gobierno aceptara concesiones reclamadas por los laboratorios farmacéuticos locales. El proyecto pasó desde entonces al Senado, donde sigue pendiente. Las farmacéuticas multinacionales impulsaron los compromisos plenos del tratado, mientras que los fabricantes argentinos hicieron lobby por una versión que limite el efecto sobre la producción y los precios de los medicamentos genéricos.
Algunos elementos del ARTI avanzan de todos modos: el gobierno puede ajustar aranceles específicos por decreto y ya aplicó partes del acuerdo, entre ellas un aumento de cinco veces del cupo de carne vacuna con arancel preferencial de la Argentina. Ese cupo es la razón por la que la Argentina quedó afuera de una ventana temporal y separada de carne vacuna libre de aranceles que Estados Unidos abrió en agosto para otros países: ya tenía un cupo preferencial propio. Pero el alivio arancelario completo del acuerdo y sus compromisos en materia de patentes no pueden tener efecto jurídico hasta que el Congreso ratifique el propio ARTI.



