El Senado de la Argentina aprobó el jueves un régimen de beneficios fiscales para inversiones de al menos US$12 millones y un marco legal para los créditos de carbono, cada uno por 60 votos a 2.

El régimen de inversión, conocido por sus siglas RIIR, apunta a empresas por encima de la definición legal de mediana empresa que inviertan en maquinaria, equipos u obras productivas nuevos en los dos primeros años de vigencia de la ley. Pueden amortizar el costo contra el impuesto a las ganancias más rápido, obtener la devolución anticipada de créditos de IVA, y tienen 30 años de estabilidad fiscal.

El senador Eduardo Vischi, de la Unión Cívica Radical (UCR), autor del proyecto, lo presentó como un modo de llenar el vacío entre esos dos regímenes. Patricia Bullrich, que encabeza al partido de Milei en el Senado, lo presentó como el paso siguiente al RIGI, el régimen para grandes inversiones.

Los sistemas de riego, los equipos de eficiencia energética, las mallas antigranizo y el ganado de cría pueden calificar sin mínimo, y el Senado agregó embarcaciones y equipos de pesca, equipos de procesamiento de madera y vaquillonas para cría. Según el proyecto, las empresas deben comprometerse a comprar a proveedores argentinos al menos 20% de su gasto en bienes transables, cuando haya oferta local en condiciones de mercado. Quedan excluidos los autos, los activos financieros y las inversiones de cartera.

Los senadores peronistas respaldaron ambos proyectos en general pero criticaron la superposición de regímenes de incentivo. Jorge Capitanich, de Chaco, dijo que el país acumula regímenes de inversión con condiciones dispares y un costo fiscal que ningún límite presupuestario contempla. Los únicos dos votos en contra de ambos proyectos fueron de los senadores de Santa Cruz Natalia Gadano y José María Carambia.

El proyecto de carbono fusiona tres propuestas. Crea un registro nacional de proyectos que reducen o capturan gases de efecto invernadero, define cada crédito como un derecho certificado sobre una tonelada de dióxido de carbono evitada, reducida o removida, y establece reglas para evitar que la misma tonelada se cuente dos veces. Los créditos se tratan como un bien separado de la tierra, con la titularidad resuelta por contrato entre los desarrolladores de proyectos y los propietarios de la tierra, y las provincias conservan la propiedad de sus recursos naturales.

Vender créditos a otro país que cuente la reducción para su propia meta climática en el marco del Acuerdo de París requiere autorización del Estado y un ajuste correspondiente en las cuentas de emisiones de la Argentina. Los derechos de exportación sobre las transferencias internacionales de créditos se fijan en cero, y los proyectos registrados tienen 30 años de estabilidad fiscal nacional, ampliados en el recinto desde los 10 años del texto de comisión pese a las objeciones peronistas.

La senadora Flavia Royón, autora de una de las tres propuestas, dijo en el recinto que los créditos vendidos en mercados internacionales regulados podrían aportar al país entre US$1.400 millones y US$3.900 millones. Andrés Costamagna, director de sostenibilidad de la Sociedad Rural Argentina, una entidad de propietarios agropecuarios, dijo que la agricultura, la ganadería y la actividad forestal podrían reducir costos y quizás obtener ingresos adicionales con los créditos de carbono, pero que los diputados todavía tienen que respaldar el proyecto.

Ambos proyectos pasan ahora a la Cámara de Diputados, la cámara baja, y solo se convierten en ley si los diputados también los aprueban.