El Senado de la Argentina votó 42 a 21 en la madrugada del viernes un proyecto para reformar la ley de salud mental de 2010, que cambia las reglas para internar a una persona sin su consentimiento.

Apoyaron el proyecto el partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, el PRO (el partido del expresidente Mauricio Macri), la Unión Cívica Radical (UCR) y varios partidos provinciales. Los 21 votos en contra fueron todos de peronistas y de bloques provinciales alineados con el peronismo, entre ellos un grupo de tres peronistas disidentes que dijeron que los cambios se quedaron cortos, principalmente en materia de financiamiento. No hubo abstenciones.

El mayor cambio para pacientes y familias es el criterio para la internación involuntaria. La ley de 2010 exigía un riesgo cierto e inminente. El nuevo texto la permite cuando hay un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de otras personas, evaluado a partir de episodios previos y de la evolución probable sin tratamiento. Sigue siendo una medida excepcional, permitida solo cuando la atención ambulatoria no puede funcionar.

Un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y un segundo profesional, que se espera sea psicólogo, deben evaluar al paciente. En una emergencia un solo médico puede ordenar la internación, que un equipo interdisciplinario debe confirmar en 48 horas. Debe avisarse a un juez en 24 horas, y este tiene tres días para validar la decisión, ordenar más pericias o dar el alta al paciente.

El texto también amplía la atención de las adicciones para incluir el juego, permite que psiquiatras participen por videoconsulta donde no haya ninguno en la localidad, y mantiene a niños y adolescentes separados de los adultos salvo en casos justificados. Las internaciones pueden hacerse en hospitales generales o en instituciones psiquiátricas especializadas, pero se mantiene la prohibición de 2010 de crear nuevos manicomios.

El texto cambió hasta minutos antes del debate, porque el gobierno necesitaba los votos de sus aliados. Las provincias, que administrarían los servicios, se quejaron de que el proyecto les daba nuevas obligaciones sin fondos, y funcionarios de salud provinciales y algunas universidades presionaron para que los psicólogos cuenten igual que los psiquiatras. El Senado agregó un artículo por el cual el gobierno nacional dará a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires asistencia técnica y financiera mediante convenios con cada una, con partidas específicas en el presupuesto anual, e incorporó el papel del psicólogo en las evaluaciones.

Patricia Bullrich, que encabeza al partido de Milei en el Senado, dijo que intervenir a tiempo protege tanto a la sociedad como a los pacientes y que esto salva vidas. Guillermo Andrada, peronista disidente de Catamarca, dijo que la falta de financiamiento fue una de las razones por las que fracasó la ley de 2010 y que no se puede hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir. La senadora peronista María Celeste Giménez Navarro calificó el proyecto de reforma regresiva.

En la misma sesión, los senadores aprobaron un nuevo régimen de incentivos fiscales para inversiones de US$12 millones o más y un marco legal para los créditos de carbono.

El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, la cámara baja. Solo se convierte en ley si los diputados también lo aprueban, y si lo modifican, el Senado vota otra vez.